Luego de que este medio diera a conocer el procesamiento en su contra por las lesiones que le produjo a Gimena Martinazzo, el diputado nacional Eduardo Cáceres salió a criticar al juez Federico Rodríguez porque no valoró la prueba de descargo que había ofrecido. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que el magistrado tuvo en cuenta diversos elementos incriminatorios que confirmaron los dichos de la denunciante, como el informe médico, que corroboró las lesiones, y las pericias a su celular, que ratificaron que el legislador lo tuvo en su poder y lo manipuló, lo que derivó en la agresión luego de una discusión, explicaron las fuentes. Y no sólo eso, ya que el juez citó a dos testigos ofrecidos por Cáceres, una mujer que dijo que no había visto a la dirigente tras el ataque y otro que declaró que no sabía nada del hecho, lo que desbarató su estrategia defensiva. Inclusive, un estudio psicológico reveló que el referente del PRO tiene un perfil manipulador hacia Martinazzo, de quien fue pareja y, aunque se distanciaron, siguió teniendo contacto.
Esa relación que había existido entre ambos llevó a Rodríguez a procesar a Cáceres por lesiones leves agravadas por el vínculo, figuras contenidas en los artículos 89 y 92 del Código Penal. Pero el magistrado, además, hizo hincapié en vasta legislación contra la violencia de género, al punto de que resaltó que el diputado "cosificó" a la denunciante, según trascendió.
El caso también tuvo su impacto político, dado que el propio legislador metió el tema, al señalar que Martinazzo, vicepresidente del PRO, era su reemplazante en el caso de que dejara su banca. En la Cámara de Diputados de la Nación, la bloquista Graciela Caselles había pedido que se tomara licencia, cosa que Cáceres dijo que había solicitado con anterioridad. Y desde el macrismo nacional hubo idas y vueltas a la hora de comunicar su situación en el partido (ver notas vinculadas).
El hecho se produjo el 23 de noviembre pasado, cuando la dirigente se encontraba en la casa del diputado y tuvieron una discusión. Según consta en el expediente, Cáceres le quitó el celular Martinazzo, quien trató de recuperarlo, pero se desató un forcejeo entre ambos, en el que la mujer terminó con lesiones en su cuerpo. Para el juez, en base a los informes, el disparador del hecho fue "la conducta dominante y celotípica" del legislador. Es que, según la denuncia, Cáceres sospechaba que la mujer salía con un amigo suyo. Por eso, cuando tuvo el celular de la denunciante en su poder, descargó una aplicación para recuperar mensajes borrados y llamó y luego le mandó un emoji de beso a su amigo, aunque este no contestó porque estaba dormido. Al ver el llamado y el mensaje al día siguiente, el hombre llamó al celular del diputado y este le reconoció que le había enviado todo eso a través del teléfono de Martinazzo. El tercero involucrado le negó tanto a Cáceres como a los investigadores haber tenido alguna relación con la mujer. Toda esa actividad en su celular fue descripta por la denunciante, lo que se confirmó a través de las pericias y del testimonio del amigo de Cáceres.
Por otro lado, el diputado propuso como testigo a la propietaria de un centro de estética que habría atendido a Martinazzo el 24 de noviembre (por lo tanto, confirmar o no las lesiones), pero declaró que la denunciante no asistió al turno. También ofreció el relato de un vecino, aunque este manifestó que no vio ni escuchó nada el día del hecho, ya que no se encontraba en su hogar.
Detalles judiciales
Antes de que el juez Federico Rodríguez sacara su resolución, el fiscal Correccional Juan Manuel Gálvez había emitido en dictamen, en el que consideraba que había elementos suficientes para procesar a Cáceres.
El delito de lesiones leves agravadas por el vínculo contempla penas que van de seis meses a dos años de prisión, lo que, en el caso de una eventual condena, el imputado puede conservar la libertad.
Cáceres había tratado de apartar al fiscal Gálvez, al plantear que tenía enemistad manifiesta con el padre (el juez Miguel Gálvez) y señalar que tenía una postura política distinta a la de él. El juez rechazó el pedido.
Las visiones de los protagonistas
"Me dio un ataque de llanto", señaló Gimena Martinazzo tras el procesamiento, a la vez que agregó: "Se está haciendo justicia y espero que esto continúe y salga la verdad porque yo fui con la verdad". Por su parte, Eduardo Cáceres posteó en Facebook su versión, en la que cuestionó al magistrado por no valorar la prueba que ofreció y escribió que "lamento que el juez no haya tenido el valor de ir a fondo con la verdad" y que "apelará en todas las instancias superiores". En su fallo, Rodríguez destacó que Cáceres, en su defensa, sólo se dedicó a ventilar pormenores relativos a hechos que no tienen vinculación con el caso que se investiga. Además, destacó que sus fundamentos no se encuentran respaldados por ninguna prueba y que se desentendió de la acusación con el argumento de que quien debía explicar las lesiones es la propia denunciante.
La Cámara baja habilitó el allanamiento y la licencia
Luego de que saliera a la luz la denuncia en su contra por violencia de género, el diputado Eduardo Cáceres pidió en la Cámara de Diputados que se levantase uno de los impedimentos que figura en la ley nacional de fueros, el cual está contenido en el artículo 1 y establece que "no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara". Si bien ese pedido lo hizo el legislador, Cáceres necesitó la ayuda de la legisladora macrista Silvia Lospennato, ya que su exposición no fue clara. Tras el planteo, los diputados dieron el OK a dicha autorización para el accionar judicial, aunque fuentes judiciales habían señalado que el juez Federico Rodríguez le había solicitado al legislador que entregara su celular voluntariamente. No fue una orden, justamente, por el impedimento de la ley de fueros. El diputado habría manifestado que necesitaba su teléfono para poder trabajar en las sesiones, por lo que el magistrado siguió adelante con la causa.
El legislador, además, pidió en la Cámara baja una licencia en sus funciones por 60 días y sin goce de haberes para ponerse a disposición de la Justicia.
El PRO sólo recomendó activar un protocolo
La denuncia contra Cáceres derivó en un papelón comunicacional del PRO nacional. La fuerza que conduce Patricia Bullrich envió tres mails diferentes en media hora para referirse a la situación partidaria del legislador. El primero, que también había circulado entre miembros del partido y entre los medios de comunicación, hacía referencia que el espacio nacional recomendaba la suspensión del diputado del partido "hasta que el hecho sea resuelto y esclarecido". El segundo comunicado dejaba de lado la suspensión y se recomendaba activar los protocolos por violencia de género, pero con un segundo artículo en el que se volvía a hacer referencia a la suspensión. En el tercer mail, la medida ya no existía y sólo quedaba la aplicación de "los procedimientos pertinentes en función de la denuncia recibida". En su momento, el flamante presidente del PRO local, Enzo Cornejo, confirmó que esa medida es la que quedó firme. Lo que también llamó la atención es que, sobre el escándalo por la resolución y la comunicación, Cornejo le apuntó a la puja política interna "de otros sectores, que no hacen más que generar confusión". No obstante, todo indica que los errores vinieron desde la comunicación oficial del partido a nivel nacional.