El caso del video que muestra cómo un grupo de profesionales se burla de un paciente cuando le extraen del recto una botella, amenaza con desatar un escándalo extra, en este caso, en las más altas esferas de Salud Pública y el Hospital Marcial Quiroga. Pasa que ninguna de las dos reparticiones envió la documentación que les pidió el juez que investiga el hecho y ahora, todo podría terminar con la intervención de la Policía. En Tribunales aseguraron que si el miércoles no presentan la información para avanzar con la causa, la fiscal pedirá ese mismo día el allanamiento de las dos áreas de gobierno.

La información en cuestión es considerada clave en la causa penal, para intentar determinar quiénes fueron los médicos, el personal de enfermería y los técnicos que aparecen en el polémico video que se filmó en octubre de 2009 y que a principios de mayo fue subido a Internet, al sitio Youtube. Entre otras pruebas, el juez Correccional Eduardo Gil le pidió a las autoridades del Ministerio de Salud y del nosocomio que mandaran el libro de guardia, el libro de quirófano y el libro de anestesia. Sin embargo, a pesar de que el requerimiento judicial se hizo hace más de una semana, a Tribunales no llegó ni un solo papel.

La situación ha generado malestar entre las personas que intervienen en la causa y la fiscal del caso, Estella Marys Romero, ya recibió instrucciones para saldar la situación. Según las fuentes, desde la Fiscalía General le pidieron que si en las primeras horas del miércoles no aparece la documentación oficial, solicite el allanamiento de las oficinas de Salud Pública y el Marcial Quiroga.

La medida consiste en que un oficial de justicia, con la orden del juez en la mano y la compañía de personal policial, ingrese a las oficinas y busque hasta encontrar la documentación o las pruebas requeridas para la investigación.

En la causa ya hay una lista que detalla el personal sanitario que supuestamente aparece en el video del escándalo, pero no es suficiente para determinar si tienen alguna responsabilidad. Por lo pronto, se sabe que los señalados son 5 médicos, 8 miembros del personal técnico, 1 enfermera y 1 camillero; la mayoría de ellos entre 25 y 30 años de edad.

Después de contar con la documentación, el juez tiene a resolver algunas medidas pendientes. Por ejemplo, la declaración testimonial de la directora del Marcial Quiroga, Susana Rudaeff, y del jefe de Personal del Nosocomio para que identifiquen a las personas que aparecen en el video filmando con sus celulares y haciendo bromas mientras una sola se dedica a la intervención del paciente.

Los delitos en juego son violación de deberes de funcionario y violación de secreto profesional, que son excarcelables. De todas maneras, en la Justicia aseguran que para que la investigación sea más rápida y efectiva, lo ideal sería que la víctima -de la que hasta ahora no ha trascendido su identidad- se presente y haga una denuncia por el daño que le pueda haber ocasionado la divulgación del video en la web.

Paralelamente a la causa penal, hay en trámite un sumario administrativo del que casi no hay información. (Ver aparte).