Los veedores judiciales sumariados por un supuesto incumplimiento de sus funciones el 25 de diciembre, salieron a defenderse ayer a través de su coordinador, Nicolás Aubone. Él y dos de sus compañeros estuvieron de turno ese día y quedaron en la mira a partir de una queja que elevó el Ministerio de Gobierno a la Corte de Justicia, diciendo que no estuvieron a disposición de la Policía para clausurar dos fiestas ilegales en Zonda. El funcionario negó la acusación y aseguró que ese día no les llamaron para participar en ningún operativo. Es más, junto al responsable del gremio que los nuclea, adelantó que pedirán que se revisen las comunicaciones telefónicas para demostrar que no fueron requeridos.
El escándalo salió a la luz por una nota publicada ayer por este diario, dando cuenta de un reclamo del ministro Adrián Cuevas ante la Corte de Justicia por el accionar de los veedores judiciales que estaban de turno en la madrugada del 25 del mes pasado. En la cartera oficial aseguran que cuando consiguieron una orden del Juzgado de Paz del departamento para ingresar a las dos propiedades privadas donde se celebraban las fiestas, se contactaron con los veedores y recibieron objeciones de los mismos para trabajar. En definitiva, contaron, ninguno fue y los operativos no se pudieron ejecutar.
Ante el planteo, la Corte resolvió abrir un sumario administrativo para saber qué fue lo que pasó y determinar si alguno de sus hombres fue responsable de la frustración de la clausura de las fiestas, en las que aparentemente había canilla libre. Si efectivamente se negaron a trabajar, podrían sufrir duras sanciones.
El 25 estuvieron de turno Aubone, Marcos Herrera y Jorge Coria. Según el primero, ‘nosotros tenemos teléfonos corporativos para que la Policía y los jueces nos avisen de los operativos y no me llamaron‘. Además, aseguró que sus colegas le contaron lo mismo y se mostró convencido de que dicen la verdad: ‘Pongo las manos al fuego por ellos, ese día no nos llamaron‘.
En Tribunales habían dicho que los veedores están de turno semanalmente, pero Aubone corrigió esa información y planilla en mano, explicó que el régimen de trabajo es 24 por 48. Atendiendo a ese cronograma, aseguró que sus colegas del turno que terminó en la noche del 24 de diciembre tampoco fueron requeridos para allanar las propiedades zondinas. ‘Cuando alguien no contesta, me llaman a mí y me avisan y esa vez, nadie me llamó‘, insistió.
En el Ministerio de Gobierno se habían declarado indignados, porque dicen que sin la asistencia de los veedores están atados de pies y manos. Los mismos tienen la facultad de controlar la legalidad de los allanamientos, las clausuras, los secuestros y las detenciones y si no van, la Policía no ejecuta el operativo para evitar quedar expuesta a alguna denuncia o planteos de nulidad por parte del afectado.
Tanto Aubone como Sebastián López, el titular de la Unión Judicial, el gremio de los empleados judiciales, van a pedir que se chequeen las llamadas que recibieron los veedores el 24 y el 25 de diciembre. ‘Menos mal que hay un sumario, con un cruce de llamadas es muy fácil probar que los veedores dicen la verdad‘, señaló el dirigente gremial.