Era el vicepresidente, socio y responsable de la empresa metalúrgica Urbino y ayer reconoció que la vació para no pagarle a la AFIP una deuda de poco más de 23 millones de pesos, sin la actualización por intereses. Además, que se quedó con casi 3 millones de pesos en aportes para la obra social y jubilación de los exempleados. Y, por último, que evadió unos 7 millones de pesos en impuestos. Todo ello admitió Augusto Benedetti, quien aceptó una pena de 3 años en suspenso en el marco de un juicio abreviado. Su hermano, Fabio Eugenio Benedetti, también se hizo cargo de haber participado, como socio de la firma, de la última maniobra delictiva, por lo que aceptó un castigo condicional de dos años. No fue lo único, ya que ambos dieron el visto bueno para el decomiso de un inmueble en Capital, el cual tiene un costo estimado en 125 millones de pesos y el que, según un documento, sigue bajo el dominio de Augusto Benedetti.
Los imputados aceptaron su responsabilidad en los respectivos hechos y admitieron las penas, a cambio de una rebaja, en un juicio abreviado firmado entre el fiscal federal Francisco Maldonado y el defensor, Andrés Troche. El acuerdo fue expuesto ayer en una audiencia realizada en el Tribunal Oral Federal, bajo la presidencia del juez Daniel Doffo, quien les preguntó si conocían sus implicancias y si prestaban conformidad, a lo que los acusados respondieron que sí. De esa manera, el magistrado deberá fijar una audiencia para admitir el acuerdo y, luego, otra para resolver si los condena.
El juez Daniel Doffo debe fijar la audiencia para resolver la sentencia contra los Benedetti.
El dato sobresaliente fue el decomiso del inmueble de calle Corrientes al 1.081/1130 Este, en Capital, planteado por el fiscal y aceptado por los acusados y su abogado. Se trata de una condena accesoria, dado que "las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito" se deben decomisar, según el Código Penal. Dicha propiedad fue vendida el 28 de agosto de 2013 por Urbino a la compañía Isla Naxos, la que, a su vez, la comercializó el 6 de enero de 2015 a Pablo Rubiño. Cuando la AFIP fiscalizó a este contribuyente para ver si debía pagar el impuesto a la riqueza, presentó un contradocumento en el que reconoce que Augusto Benedetti "es el único y verdadero dueño" de la propiedad. No obstante, Rubiño trató el 27 de diciembre de 2021 de transferir el dominio del predio a la empresa Rospec, la que tiene como accionista a Ariel Rodríguez, quien sería yerno del responsable de Urbino. Sin embargo, hubo una cautelar que frenó la transferencia. Según la denuncia del fisco, toda esa maniobra se habría hecho para simular la venta del inmueble, dado que seguiría bajo la órbita de Benedetti, por lo que el fiscal solicitó la investigación y las indagatorias de Rubiño y Rodríguez en otra causa. Dicho inmueble está alquilado al Gobierno provincial, en donde funciona el Boletín Oficial, entre otras reparticiones, dentro de una superficie de 15.733 m2. Con el decomiso, pasará al Estado nacional.
La triangulación de esa propiedad forma parte, según la acusación, del desapoderamiento de bienes muebles (como autos) e inmuebles y el cierre de cuentas bancarias para vaciar a Urbino, en una insolvencia fiscal fraudulenta. Eso es lo que reconoció Augusto Benedetti, al igual que la retención de 2.838.022 pesos en 2013 de los aportes de los empleados a la seguridad social. Con su hermano Fabio, admitieron la evasión de 1.474.231 pesos en 2012 y 5.910.826 pesos en 2013.
Un límite a la cobertura periodística
A través del abogado Andrés Troche, Augusto y Fabio Benedetti le pidieron al Tribunal Oral Federal que el periodismo no estuviera presente en la audiencia de juicio abreviado. Lo hicieron en base al artículo 287 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual señala que "si la víctima, un testigo o el imputado solicitaran que no se difundan ni su voz ni su imagen en resguardo de su pudor o seguridad, el tribunal, luego de oír a las partes, examinará los motivos y resolverá fundadamente teniendo en cuenta los diversos intereses comprometidos". El juez Daniel Doffo consideró que la audiencia del juicio abreviado es equiparable a la de un debate, por lo que permitió el acceso del periodista de este medio, aunque no del fotógrafo. Las imágenes de los imputados se dieron cuando salían del Tribunal.