Carlos Horacio Tragant, el militar que destituyó a don Eloy Camus del Gobierno constitucional de San Juan el 24 de marzo de 1976 y que asumió como el primer interventor militar local, irá a un nuevo juicio oral y público en Mendoza a partir del 17 de febrero del año próximo acusado por un tribunal de esa provincia de haber cometido delitos de lesa humanidad en esa jurisdicción. El imputado, ahora de 85 años, fue director del Liceo Militar Espejo de Mendoza, donde funcionó un centro clandestino de detención en los meses posteriores al golpe militar. Actualmente está siendo sometido a otro proceso en Capital Federal por su actuación en el denominado Plan Cóndor.
Tragant se hizo cargo del Gobierno sanjuanino a las 2 de la tarde del mismo 24 de marzo, inmediatamente después de haber llegado desde Mendoza. Y minutos más tarde ya había designado a sus ministros, quienes le ayudaron a tomar las riendas del poder tras el derrocamiento de Camus, quien se encontraba en Buenos Aires (ver aparte).
En esa función, fue el encargado en San Juan de mandar a arrestar a los que habían sido funcionarios del Gobierno local, entre ellos el actual gobernador José Luis Gioja, y de civiles acusados de actividades subversivas. También hay sospechas de que dispuso que se habilitaran centros de detención, tortura y muerte, que funcionaron en el Penal de Chimbas, la vieja Legislatura, la central de Policía, el RIM 22 y en La Marquesita, en Marquesado.
Tragant no permaneció durante mucho tiempo al frente del Gobierno sanjuanino, ya que su mandato se prolongó por un mes y 4 días, para ser reemplazado por el capitán de navío Alberto Lombardi, quien asumió como interventor el 28 de abril de 1976.
Luego de un pedido de conexidad de causas solicitado por el fiscal mendocino Dante Vega, quien tuvo participación en el primer juicio de lesa humanidad llevado adelante en San Juan y que culminó en julio pasado con sentencia condenatoria para 7 acusados, el Tribunal Oral Federal Nro 1 de esa provincia hizo lugar el planteo y fijó la fecha de inicio del debate. Será el proceso más grande que se celebrará en Cuyo hasta ahora, porque se juzgará a 41 policías, militares y funcionarios judiciales por crímenes contra la humanidad durante el terrorismo de Estado.
Según fuentes judiciales locales, Tragant no está imputado hasta el momento de haber cometido delitos de lesa humanidad en San Juan. Incluso Vega dijo que el juicio que comenzará en febrero próximo es sólo por su actuación en la vecina provincia, aunque señaló que estudia pedir constancias de su actuación como interventor militar en San Juan.
En el nuevo juicio, a cargo de los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, se tramitarán 15 causas por delitos de homicidios agravados, privaciones de libertad agravadas, tormentos agravados, ataques sexuales, supresión de identidad y falsedad ideológica cometidos en la última dictadura militar.
Entre los acusados está Tragant, quien en aquel momento estaba a cargo del Liceo Espejo, una unidad educativa preuniversitaria perteneciente al Instituto Universitario del Ejército (IUE), que da formación a los jóvenes de la región, incluso sanjuaninos. En sus funciones de director, se lo acusa de haber preparado el lugar para que funcionara como centro clandestino de detención desde la noche del golpe de Estado hasta finales de mayo o primeros días de junio. Y por allí habrían pasado al menos 9 detenidos que sufrieron golpes y tormentos. La nómina de los imputados en el juicio mendocino también incluye a los exjueces federales Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Otilio Romano, quien estuvo prófugo en Chile, de donde fue extraditado.
Actualmente Tragant está siendo sometido a otro juicio oral y público por el Tribunal Oral Federal Nro 1, de Capital Federal, en el marco del Plan Cóndor, que consistió en la coordinación represiva entre las cúpulas de las dictaduras sudamericanas en los ‘70. Por su edad y estado de salud, está cumpliendo arresto domiciliario.