Luego de que el juez de Jáchal, Pablo Oritja, decidiera el jueves mantener la suspensión en la mina Veladero y exigirle mejoras adicionales a Barrick, el gobernador Sergio Uñac aseguró ayer que la empresa debe cumplir con todas las mejoras impuestas y de manera rápida. El pocitano se mostró a favor de las medidas que dictó el magistrado para garantizar la operación en el emprendimiento y manifestó que espera que la reapertura sea en el corto plazo. En ese marco, el ministro de Minería, Alberto Hensel, informó que han constatado que la compañía ha cumplido con todas las obras ordenadas por la Justicia. Inclusive, que han presentado el plan de trabajo general sobre medidas de seguridad que se le exigió, en el cual sobresale la colocación de cámaras de monitoreo en el valle de lixiviación, las que deberán instalar en un plazo que terminará de aprobar la repartición oficial. La definición de la habilitación del yacimiento ahora está en manos de la jueza de Paz Silvia Rodríguez, quien desde ayer reemplaza a Oritja que entró de licencia.
En el marco de la actuación judicial, el Gobernador resaltó que es respetuoso de la independencia de poderes y opinó que Oritja “está haciendo lo que hay que hacer” y que “lo que ha pedido debe ser lo que corresponde”. Así, remarcó que “estoy de acuerdo que se deban cumplir con todas las medidas de seguridad necesarias para que los sanjuaninos y los trabajadores tengamos la tranquilidad de que en San Juan se hace minería, pero siempre cuidando el medio ambiente”.
El freno a la mina se desencadenó luego de que saliera a la luz el incidente del 8 de septiembre. En la madrugada, un trozo de hielo se desprendió de una ladera del valle de lixiviación (el lugar donde se separa el oro de la roca) y golpeó y desacopló una cañería que transporta solución cianurada. El líquido no llegó a salir del perímetro, pero empujó piedras lixiviadas que sí traspasaron las bermas de contención, aunque según las mediciones no tuvo ningún impacto en los cauces de agua. El Gobierno suspendió las actividades y luego la Justicia tomó la posta al dictar una medida similar con una cautelar e iniciar la investigación (Ver cronología). Luego de constatar que Barrick había realizado mejoras en el valle de lixiviación, el magistrado jachallero le pidió al Ministerio de Minería que, a través de la Policía Minera, constatara que estuvieran todas las que había ordenado. En base a un informe que redactó el titular de la cartera, el juez exigió dos obras adicionales a la compañía y la presentación de un plan de trabajo de seguridad a aplicar en el corto, mediano y largo plazo, que la repartición le había pedido por vía administrativa.
Hensel dijo que verificaron que Barrick cumplió con todos estos puntos y que le informaron la situación al juzgado. Así las cosas, la empresa levantó las bermas de todo el valle de lixiviación de 20 centímetros a 1,50 metros, reforzó con cadenas y bolsas especiales las uniones de los caños para evitar el desacople ante el impacto de cualquier elemento, construyó una barrera de contingencia junto a la que ya estaba cerca del canal del Norte, en donde cayó solución cianurada el año pasado y que terminó desembocando en el río Potrerillos. Además, presentó el plan de seguridad que establece, en determinados plazos, la instalación de cámaras de monitoreo en el valle, el aumento de los puntos de control de aguas subterráneas del río Potrerillos y el de pozos de contingencia.