El abogado Santiago Graffigna, sindicado como el principal sospechoso en el escándalo de las expropiaciones, denunció ayer a la jueza del caso, María Inés Rosellot, por la presunta comisión del delito de prevaricato. La magistrada lo procesó hace poco como líder de la supuesta asociación ilícita que estafó a la provincia y el profesional replicó acusándola de haber dictado esa resolución en base a pruebas falsas. Es la segunda denuncia penal que recae sobre la titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 por el rol que cumplió en la causa, además de un pedido de destitución impulsado en su contra por la exjueza Rosalba Marún.
La denuncia fue prestada por los abogados defensores de Graffigna y se basa en el contenido del procesamiento que Rosselot dictó contra 11 de los 12 sospechosos de estafar al Estado inflando el valor de terrenos expropiados (el único que no fue procesado es Alday, que no ha comparecido personalmente). Según el escrito, la magistrada lo incriminó por 8 defraudaciones en juicios de expropiaciones, cuando en 2 de ellos ni siquiera fue parte. En el entorno de Rosselot aseguraron que la resolución se basa en cuestiones debidamente acreditadas.