Un sondeo de opinión realizado a través de la web de DIARIO DE CUYO sobre la necesidad de reformar o no el Código Penal, un tema que actualmente está en plena discusión, arrojó que el 80 por ciento de los que opinaron lo hicieron a favor de avanzar con el proceso que debe terminar con la sanción de una ley en el Congreso Nacional, aunque un 90 por ciento no coincide con la eliminación de la reincidencia, uno de los puntos más polémicos. Estos resultados fueron dados a conocer ayer en una charla organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo y la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan, que tuvo lugar en el Concejo Deliberante de la Capital.

Del sondeo, que se hizo en el marco del encuentro de especialistas, participó más de un centenar de personas y 8 de cada 10 se mostraron de acuerdo con la modificación de la ley. Por otro lado, el 65 por ciento de las expresiones sostuvieron que el aumento de las penas servirá para la prevención de los delitos.

El primer expositor de la conferencia fue el abogado Juan Pablo Ortega, secretario de Paz Letrado del 5to Juzgado Correccional, quien habló de la intención de que exista una proporcionalidad entre la falta y la pena que se va a aplicar, a través de la reforma en marcha.

El camarista Penal Juan Carlos Caballero Vidal explicó que el proyecto en discusión contempla 3 tipos de castigos, la prisión, la multa y la inhabilitación y que se elimina la sanción de la reclusión, considerado inconstitucional e infamante. Entre los atenuantes para recibir una condena figuran ser mayor de 70 años, tener un padecimiento que disminuya la expectativa de vida o cuando el autor de un delito, en la comisión del hecho, haya sufrido una lesión. También juega a favor del acusado que coopere en el esclarecimiento del hecho.

Por el contrario, son agravantes cuando participan varias personas en un ilícito, valerse de la condición de autoridad pública en el hecho y también utilizar a un menor o instigarlo para que cometa un delito.

La titular del 4to Juzgado Correccional, Silvina Rosso de Balanza, expuso sobre las penas de prisión y sus alternativas. En su disertación mencionó que en el anteproyecto en análisis se establece un nuevo sistema de limitación de la libertad ambulatoria, partiendo de un mínimo de 6 meses de prisión a un máximo de 30 años. Y destacó que el piso no puede ser inferior porque no se lograría el objetivo de la resocialización de quien cometió un delito.

También se establece una serie de penas alternativas, como la detención domiciliaria, detención por el fin de semana, la prestación de trabajos comunitarios y las multas reparatorias. Para el control del cumplimiento de estas penas, la jueza habló también de la necesidad de crear un cuerpo especializado.

Al abogado Rolando Lozano, docente de la Facultad de Derecho de la Católica, le tocó analizar uno de los puntos más polémicos, como es la eliminación de la reincidencia. Es un punto que incluso el diputado nacional Sergio Massa, uno de los presidenciables para el 2015 desde la oposición, levantó como una de sus banderas para oponerse a la reforma. Sobre el tema, el letrado explicó que la reincidencia no es la reiteración de un delito a los fines de la ley, sino que se da cuando una persona ha cumplido total o parcialmente una condena de prisión y vuelve a cometer un nuevo delito, que también tiene condena de supresión de la libertad. En la práctica, le impide al condenado gozar del beneficio de la libertad condicional.