Los miembros de la Corte de Justicia niegan enfáticamente los acomodos, pero los antecedentes escritos dan cuenta de que de una u otra forma terminan obviando los concursos de ingreso que ellos mismos reglamentaron en su momento como una aparente señal de transparencia. Como para acceder a los cargos de ordenanza no hace falta atravesar ningún filtro y se permite la arbitrariedad, desde 2004 llevan designadas en forma directa en ese escalafón cerca de 150 personas. El tema es que de esa cantidad, a más de 40 las pasaron después a dedo al área administrativa en la que sí es obligación rendir un examen académico y competir con todos los que estén interesados en entrar al Poder Judicial. La herramienta ha sido puesta en práctica sistemáticamente, en lo que pareciera ser una vía para intentar disimular la discrecionalidad y la decisión de posicionar a unos pocos.
En la última década, las designaciones en la Justicia dieron que hablar y se convirtieron en un verdadero escándalo. Primero fue por un concurso lleno de irregularidades, luego por los nombramientos interinos de parientes y amigos y en forma casi permanente, gracias a los ingresos de ordenanzas (ver Cronología). La verdad es que por una cosa o la otra, el procedimiento de antecedentes y oposición para medir la aptitud de los aspirantes termina archivado.
En 2001, los miembros de la Corte de Justicia, Carlos Balaguer, Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero, Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal, se hicieron eco de lo que dice la Constitución y por acordada (tiene fuerza de ley) reglamentaron un sistema de ingresos para el Poder Judicial. Según ese reglamento, para los cargos administrativos y de funcionarios hace falta hacer rendir y aprobar un concurso. Mientras que para los de maestranza se fijó una excepción y no se necesita atravesar ningún escollo más que la decisión de los propios cortistas.
Lo cierto es que los integrantes del máximo tribunal apelan permanentemente al escalafón más bajo para nombrar empleados, sin concurso por supuesto. Contando todas las acordadas desde 2004 a la fecha, designaron 148 personas como ordenanzas. Hasta ahí, nada extraño. El problema viene después.
De los 148 agentes, hay 42 que luego pasaron al escalafón administrativo sin filtro alguno. Para entrar a éste último, de acuerdo al reglamento interno, sí se necesita rendir un examen. Es decir, los cortistas no cumplieron lo que ellos mismos firmaron para reglamentar los ingresos. Sencillamente, lo hicieron por un simple acto administrativo que no se funda en ninguna cuestión académica.
Desde el superior tribunal se han esforzado en decir que no usan los nombramientos de personal de maestranza como una vía para gambetear los concursos. Incluso, hasta llegaron a negar en su momento que los ordenanzas sean reescalafonados a cargos administrativos. Pero los antecedentes muestran otra situación. Para peor, muchos de los que se vieron beneficiados ingresando al Poder Judicial son familiares o amigos de jueces, fiscales y funcionarios. Incluso, algunos han tenido una carrera meteórica sin atravesar una sola prueba escrita desde que hicieron pie en el edificio 25 de Mayo.
En lugar de sacar de un lado y poner en otro, la Corte directamente podría haber designado nuevo personal administrativo para cubrir las vacantes que tanto le urgen. El inconveniente es que eso la obligaba a convocar a concurso.
En Tribunales es un secreto a voces que muchos ordenanzas, que no han sido reescalafonados, no cumplen las tareas propias de su categoría. La conducción judicial los afectó a la parte administrativa y así, vuelve a eludir la designación de personal por concurso para esos cargos.
Si la Corte respetaba lo que escribió en 2001, no sólo que los eventuales beneficiados hubieran tenido que demostrar sus aptitudes en un examen. También deberían haber competido con cualquier hijo de vecino que se anotara para ser parte de la compulsa y exponerse a la posibilidad de verse superados. Claro, nada de esto pasó. La existencia de vacantes se conoció recién cuando se consumaron los nombramientos, porque no hay una convocatoria pública previa que les dé chances a los que son anónimos y tienen la legítima aspiración de trabajar en la Justicia.
El funcionamiento del sistema queda al descubierto si se repasan algunas fechas. En agosto de 2008, la Corte sacó un reescalafonamiento y 33 ordenanzas pasaron a ser administrativos. Y un mes después nombró 35 personas en la categoría de maestranza, aduciendo que había vacantes. En definitiva, una caminito que le permite seguir liberando puestos para cubrir arbitrariamente.
La metodología no es una cuestión aislada fruto de la urgencia u otra razón que no deje opción, como suelen fundamentar los cortistas. Se ha convertido en una costumbre, en una suerte de suposición de que implica un menor costo a si se repite el escándalo de los nombramientos de administrativos sin concurso casi a mano alzada. Desde 2004 a la fecha hubo catorce acordadas designando ordenanzas. Sólo este año, la Corte firmó tres para el ingreso sin escalas de 24 agentes.
La última polémica por las sospechas de acomodos en la Justicia estalló hace uno días. El máximo tribunal ascendió a 310 empleados haciendo una nueva excepción al régimen de concursos, lo que desató una fuerte bronca en el sindicato y empleados de más de una o dos décadas de antigüedad que se vieron postergados. El secretario gremial, Sebastián López, salió a denunciar públicamente que se priorizó a parientes de los miembros de la Corte de Justicia.