A nivel nacional, los testigos de una causa judicial ya tenían protección a través de la ley 25.764 para casos de delitos federales como secuestro de personas, narcotráfico o terrorismo. Y a partir de ayer, con la sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de una norma para proteger testigos en causas de los ámbitos penal, civil o comercial, también en San Juan tendrán el resguardo. Por ejemplo para causas de homicidios, robos o accidentes de tránsito con muerte de algún involucrado. Son situaciones en los que la gente siente temor en aportar datos, por temor a represalias.

Se trata del Programa de protección de testigos, que sirve para resguardar la vida, la libertad y los bienes de quienes estén en condiciones de aportar datos sobre hechos de interés para esclarecer causas en la Justicia.

El sistema se pone en marcha cuando por decisión del juez de una causa dispone por pedido de la persona o cuando el magistrado lo considera conveniente para garantizar el aporte de información para esclarecer el caso desde el cambio de su identidad del solicitante y de sus familiares directos, como esposa e hijos, el cambio de domicilio, la atención médica y hasta un subsidio de una suma de dinero que permita mantener la vida del grupo. También puede solicitar la inclusión en el programa de los peritos que trabajen en la investigación.

Para el cambio de identidad, el juez hace el pedido al Registro Civil y se pueden cambiar desde las partidas de nacimiento, libretas de matrimonio o los documentos de identidad, explicó el diputado Julio Coll, presidente de la Comisión de Justicia.

El cambio de nombre o el traslado a un nuevo domicilio es siempre transitorio y la decisión del tiempo en que la persona y su entorno tendrán la protección dependerá de la evaluación que haga el juez.

En menos de un mes, este proyecto es el segundo que se inscribe en el combate de la inseguridad y ambos fueron del bloque basualdista. El anterior fijó un fondo de recompensas para incentivar a quienes aporten datos para esclarecer delitos y fue de Armando Campos. El de protección de testigos es de la presidenta del bloque de Producción y Trabajo, Lucía Sánchez.

La autoridad de aplicación del programa será el Ministerio de Gobierno de la provincia, que dispondrá que se firme un acta de compromiso en la que el testigo y sus familiares se comprometen a colaborar en la investigación, a no cometer ilícitos y se abstienen de concurrir a lugares de riesgo. Podrán ser excluidos del programa si falsean su declaración en la causa o si violan algún punto del acta compromiso. El Ministerio de Hacienda aportará los recursos.

San Juan no es la primera provincia en contar con un programa de estas características (ver aparte).