Resistencia a la autoridad y lesiones a policías. Esos son los delitos por los que la jueza Mónica Lucero procesó el concejal de 9 de Julio Marcelo Illanes, que en otras causas penales pendientes también está acusado de ser un hombre violento. La imputación se debe a que el edil supuestamente agredió a uniformados del departamento cuando se llevaron detenidos a sus hijos Fernando y Rodrigo por pegarle a otro efectivo. Los jóvenes corrieron la misma suerte y los tres quedaron en peligro de ir a juicio oral y público.
Los hechos sucedieron el 15 de junio en la madrugada y se conocieron públicamente a raíz de las denuncias penales que presentaron tres policías que estaban de turno en la comisaría de Las Chacritas, en 9 de Julio. Según relataron, el policía Juan Moyano llegó con el patrullero hasta las inmediaciones de un puesto de salud alertado por algunos disturbios, se encontró con los hijos del edil y un joven llamado Carlos Jofré, y cuando los empezó a interrogar y les dijo que los iba a palpar, Rodrigo Illanes le dio un golpe de puño en la cara y los otros dos le empezaron a pegar.
Jofré se fugó, pero los refuerzos policiales detuvieron a los hermanos Illanes y los trasladaron a la comisaría. Fue ahí que entró en acción el concejal. Los denunciantes aseguraron que a los gritos les exigió que liberaran a sus hijos, que los amenazó de muerte, que sacó la chapa de funcionario, que les tiró golpes y que antes de reducirlo, le pegó una patada al oficial Jorge Riveros.
Tras analizar las pruebas del expediente, la titular del Juzgado Correccional Nº 3 concluyó que “existen elementos de convicción suficiente que permiten determinar la existencia del hecho criminoso”. Y fue así que procesó a los tres Illanes.
A Fernando le imputa el delito de resistencia a la autoridad y a Rodrigo, resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas (se agravan por ser contra un miembro de fuerzas de seguridad) en perjuicio de la Administración Pública y de Moyano. Mientras que el concejal Illanes fue procesado por resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas en perjuicio de la Administración Pública y Riveros. A cada uno de ellos, además, les trabó un embargo de 5.000 pesos.
Por otro lado, Lucero declaró prófugos y ordenó el arresto de Jofré y Fabricio Illanes. El primero, al que según la Policía le habían encontrado anteriormente un arma, por golpear a Moyano y resistirse a la autoridad. Y al segundo, quien acompañó a su padre a la comisaría, por el segundo delito.
Los procesados pueden apelar. Si la Cámara Penal les hace lugar, serían sobreseídos. Pero si confirma la resolución de la jueza, quedarían al borde de enfrentar un juicio desde el banquillo de los acusados.
Los delitos son excarcelables, por lo que los imputados no irían presos si son condenados. Sin embargo, el funcionario no le pudo escapar al costo político: se quedó afuera de las candidaturas y tuvo que tomarse licencia sin goce de haberes en el Concejo Deliberante.
No es la primera vez que Illanes es objeto de un escándalo que llega a la Justicia Penal. Acumula tres denuncias en su haber que se tramitan en otros juzgados (Ver Antecedentes).