El juez Walter Otiñano, a cargo del Octavo Juzgado Civil, aceptó el pedido del Sindicato de Empleados Públicos de San Juan y frenó la baja de 5.000 contratos que decidió el gobierno de Marcelo Orrego, hasta que haya una definición judicial. Se trata de los trabajadores que ingresaron durante el año 2023, cuyos puestos entraron en la reducción del 30% de la planta política que anunció y luego hizo efectiva por decreto el nuevo mandatario. Es el cuarto intento por vía judicial de frenar la decisión del gobierno, aunque el primero que termina en una medida cautelar, que si bien no revierte los despidos, sí los pone en pausa. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda sigue revisando caso por caso de los trabajadores, ya que las cesantías iban a quedar firmes recién en el mes de febrero tras este análisis.
Alejandro Ferrari, Asesor Letrado de la provincia, explicó que tras esta decisión judicial el proceso seguirá por las dos vías. Por un lado, la Fiscalía de Estado se encargará de contestar la medida cautelar, que tiene como finalidad pausar la baja de los contratos. En simultáneo, el Ministerio de Hacienda tendría novedades entre esta semana y la próxima de qué contratos se caerán y cuáles podrían seguir trabajando.
En la vía legal, Otiñano no se pronunció sobre la cuestión de fondo, que es si correspondía o no el despido de los trabajadores. Luego de que Fiscalía comparezca, la definición quedará en manos de los jueces de Cámara, que todavía no se define quiénes serán.
En cuanto al control administrativo, Ferrari explicó que estaba previsto desde el inicio hacer una revisión caso por caso y para eso tenían un plazo de 60 días que se cumple en febrero. En este proceso querían confirmar si los contratos dados de baja se hicieron de forma irregular. Algunos de los trabajadores presentaron en sus oficinas documentos que justifican su incorporación y otros no. Para el Asesor Letrado, es posible que parte de los que son parte del proceso judicial "sean finalmente reincorporados, dejando el proceso legal en abstracto".