Para que un acusado pueda evitar el juicio en su contra y una eventual condena, debe haber cometido un delito cuya escala penal contemple un castigo en suspenso, de acuerdo a uno de los criterios de la jurisprudencia. A cambio, tiene que ofrecer una suma simbólica de dinero y realizar tareas comunitarias. En base a ese parámetro básico, la escribana María Isabel Carchano pidió el beneficio llamado suspensión de juicio a prueba o probation, ya que está procesada por ser parte de la millonaria estafa a la Caja Profesional de Médicos Odontólogos y Bioquímicos (MOB), figura que permite una sanción sin encarcelamiento. Pero la Sala III de la Cámara Penal entendió ayer que su cargo de escribana es equiparable al de funcionario público. Y el que desempeñe esta última tarea tiene vedado el acceso a la probation según el Código Penal, por lo que el tribunal le rechazó la solicitud a la imputada.
El tema no es menor, ya que Carchano busca zafar del juicio en el que está en la mira por actuar de manera sincronizada con el operador inmobiliario Walter Orellano, el odontólogo Luis Minin y el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández para estafar en poco más de un millón de dólares a la Caja MOB en la compra de un terreno. Según la cotización actual, dicha suma supera hoy los 40 millones de pesos, los que son objeto de un reclamo civil por las actuales autoridades (ver recuadro). Para eludir la instancia final, la imputada ofreció una reparación simbólica de 25 mil pesos y realizar tareas comunitarias en la Casa de la Bondad, una institución de contención a enfermos terminales. La propuesta generó el rechazo de la cúpula de la Caja MOB y de sus representantes legales, las querellantes Violeta Correa y María Victoria Cabral. No sólo eso sino también del fiscal de Cámara José Mallea.
Así, los jueces Eugenio Barbera, Ernesto Kerman y José Vega se hicieron eco de la negativa de los acusadores. Si bien el tribunal reconoció que la doctrina no es unánime en el tema, “se inclinó por la postura que el notario de registro es un funcionario público cuando actúa como fedatario, es decir, cuando da fe de los actos celebrados en su presencia”. Según la acusación, Carchano confeccionó en 2011 un boleto de compraventa por 260 mil dólares para los herederos del dueño del inmueble y a la vez armó una escritura pública entre los directivos de la Caja MOB y Orellano, otro de los implicados que actuó como supuesto representante de los vendedores, por 1.300.000 dólares, que fue lo que terminó pagando la entidad. Es decir, 1.040.000 dólares de más.
En el rechazo a la probation, los magistrados agregaron que para “la Convención Interamericana contra la Corrupción y la ley nacional de ética pública, el escribano de registro es funcionario por cuanto ejecuta una función pública asignada por el Estado”. Sin embargo, el abogado de Carchano, Fernando Castro, adelantó que acudirá a la Corte de Justicia para que dé vuelta el fallo. El profesional ya había señalado en la audiencia previa que el rol de notario no es asimilable al de funcionario y ayer explicó su rechazo al fallo al señalar que el delito de estafa es uno de los llamados delitos comunes, el cual no exige ninguna cualidad del autor, es decir, puede ser cualquiera. En ese marco, si se le coloca una cualidad, se está alterando el tipo penal y por lo tanto, modificando la norma, indicó.
El otro que pidió una probation fue Orellano y el estudio sobre si le corresponde el beneficio generará otro debate, ya que el imputado no tenía una función pública ni rol asimilable.
La búsqueda del dinero por la vía civil
La actual presidente de la Caja MOB, Lilia Aubone, manifestó ayer que la entidad había entablado una demanda para recuperar el dinero que perdieron. La abogada Violeta Correa informó que la causa está tramitándose en el Primer Juzgado Civil y “que estamos transitando las últimas etapas”. No obstante, aclaró que el magistrado no ingresará a la fase de resolución “hasta que se resuelva la causa penal”. Destacó que “hemos solicitado la restitución de 1.040.000 dólares o su equivalente en pesos al momento del efectivo pago. Es el faltante de la Caja y que surge de los contratos de compraventa del expediente. Uno que fue por el valor real y otro que fue por un monto muchísimo mayor”. También indicó que apuntaron contra los cuatro imputados en la causa penal y los seis miembros de la comisión directiva de entonces por su actuar negligente.