Cerca de trescientas mil familias campesinas, articuladas en distintas organizaciones de todo el país, serán beneficiadas por un proyecto de ley que, como primer paso, busca frenar desalojos y que declarará la función social de la tierra y el derecho humano a poseerla, informó Ramiro Fresneda del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
La presentación de la iniciativa parlamentaria será antes de fin de año, aunque su tratamiento será para el 2011, según confirmó Remo Carlotto, del Frente para la Victoria (FPV), quien junto a su par Martín Sabatella, de Nuevo Encuentro, (NE) impulsarán la iniciativa en el recinto.
El proyecto establece en su primer artículo que "se declara la emergencia territorial" por cinco años de las tierras ocupadas por comunidades campesinas y agricultores familiares por lo cual quedan suspendidos sentencias y actos administrativos y o procesales que terminan en desalojos de los ocupantes".
"La tierra no es una mercancía, es un derecho humano básico", reflexionó Fresneda, abogado del MNCI, con diez años de experiencia en litigios de campesinos por los territorios que ocupan y que resisten el embate de corporaciones.
Integrantes del Frente Nacional Campesino (FNC), Foro de la Agricultura Familiar (FONAF) y la mesa de Agricultores de Buenos Aires "priorizamos una causa común y formamos una comisión redactora" durante una reunión del pasado 22 de octubre en Buenos Aires, dijo Fresneda sobre el proyecto que presentará Carlotto.
Además se diferenció de una iniciativa presentada en el Congreso por la Federación Agraria Argentina (FAA) porque "nosotros hablamos de campesinos y agricultura familiar. No limitamos la ley a los pequeños productores e incorporamos el tema de la posesión comunitaria, como ellos proponen".
En el proyecto elaborado por los campesinos, víctimas en los últimos años de todo tipo de presiones para que abandonen las tierras, "tampoco hablamos de limites de hectáreas. Consideramos que estos datos deben surgir de un relevamiento participativo y no de las políticas caprichosas de los Estados provinciales", puntualizó.
Severamente críticos del modelo del agro-negocio, que en "su afán de expandirse va ocupando ilegítimamente territorios habitados ancestralmente por miles de campesinos, indígenas y agricultores familiares", Fresneda se quejó del papel de los poderes judiciales provinciales.
"Actúan de manera rápida y subrepticia en el conflicto agrario, desalojan al pequeño agricultor, hacen caso omiso de pactos y tratados internacionales con rango constitucional. Es que la mayor parte de la corporación judicial está convencida de que el modelo de progreso es sinónimo de concentración de la tierra y desierto verde de soja", indicó el abogado.
"Queremos que la gente permanezca en sus lugares originales; queremos también la soberanía alimentaria", destacó el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, dijo por su parte, Carlotto.
La norma ordena realizar, durante los tres primeros años de vigencia, un relevamiento "situacional a fin de constatar la posesión y el uso efectivo de las tierras".
Para eso las organizaciones de campesinos podrán coordinar la realización del relevamiento, en principio una tarea técnica, "con universidades nacionales y gobiernos provinciales", agrega el proyecto de ley.