El perito designado por el Juzgado de Jáchal consideró que no están dadas todas las condiciones de seguridad en el valle de lixiviación de la mina Veladero, donde se produjo el derrame de solución cianurada, por lo que recomendó no levantar la cautelar que había frenado el uso del químico hasta tanto se completen todas las tareas necesarias, revelaron fuentes confiables. De esa manera, es de esperar que el juez Pablo Oritja mantenga la suspensión de las actividades en esa etapa del proceso y que notifique hoy a las partes de la resolución.
El parate en la fase de cianuración se había puesto en marcha el jueves y si bien en el yacimiento continuaron extrayendo y triturando roca, una prórroga de la suspensión implica que la empresa no podrá seguir generando lingotes de oro.
¿Cuáles fueron los argumentos del especialista Daniel Cabrera? Que Barrick tiene que desarrollar un plan de mejoramiento en el valle de lixiviación, aunque las fuentes no especificaron cuáles, y que se recubran todas las válvulas de las cañerías que trasladan la solución cianurada con una malla de calefacción. La fuga del líquido se produjo por la rotura de una de esas válvulas, al parecer, por efecto del congelamiento. Durante la inspección ocular que llevó a cabo una comitiva judicial, de la que participó el perito, se detectó que el personal hizo el recambio de la estructura dañada y que le colocó la protección contra las bajas temperaturas, al igual que a otras 5, pero que no lo hizo con al menos otras 20.
La cautelar fue solicitada por un vecino de Jáchal el miércoles y el magistrado le hizo lugar, frenando el proceso por 5 días hábiles. El planteo se originó luego de que el domingo 13 se produjera el derrame de 224 mil litros de solución cianurada, cifra que informó la empresa. Previo a la cautelar, el Gobierno había denunciado a la empresa ante la Fiscalía General y un equipo del Ministerio Público le pidió a Oritja que abra la investigación por contaminación de aguas.
En ese marco, el juez, junto a funcionarios de su equipo, y los fiscales Daniel Guillén y Fabricio Médici, realizaron una inspección en la mina en la que se confirmó que la solución cianurada llegó a los ríos Los Potrerillos, Las Taguas y Blanco, en Iglesia. Además, se secuestró documentación, la válvula rota y se tomaron muestras de suelo y agua. También quedó al descubierto que una falla humana en el manejo de una compuerta contribuyó a que el líquido llegara a los cauces. Sucede que dicha compuerta del canal llamado Norte estaba abierta cuando debería haber estado cerrada, lo que hubiera desviado el derrame hacia piletas de contingencia y no hacia el río Los Potrerillos.
Como anticipó este diario, el juez empezará, hoy a las 8, a escuchar a 15 trabajadores de Barrick involucrados en esas tareas. Lo hará a través de declaraciones informativas, cuya característica es que el magistrado tiene un grado leve de sospecha sobre su presunta responsabilidad en el hecho. Según fuentes judiciales, los que darán sus versiones son Walter Pizarro y Antonio Adames (gerente de Operaciones y de Procesos, respectivamente), Emilio Campanella, Oscar Esteche, Aníbal Ontivero, Leonardo Toia, Nelson Soria, Jorge Albornoz, Javier Esquivel, Pablo Zuluaga, Carlos Felín, José Ruso, Fabio Oriolani, Leandro Poblete y Carlos Cabanilla. Se trata de los mismos que fueron suspendidos en sus funciones por la empresa. Según fuentes judiciales, los 2 gerentes (Adames es dominicano) parecen estar más comprometidos por su cargo. Los demás son empleados de rangos más bajos que tienen menos responsabilidad operativa y, en consecuencia, podrían tener menor responsabilidad en el hecho. Entre ellos hay sanjuaninos y argentinos radicados en la provincia.