Después del sonado caso Recio, donde hubo sospechas de que se manipulaban los concursos de ingreso a la Justicia, volvió la polémica al Poder Judicial con el nombramiento de 39 nuevos empleados de ese poder del Estado, sin haber pasado por ningún tipo de selección de capacidad para los cargos. Y para peor, casi la mitad, 17 de los 39, según dos fuentes judiciales consultadas, son parientes de miembros de la Corte, camaristas, jueces y miembros del Ministerio Público. También hay un hijo de un ministro y la sobrina de un diputado (ver página 3).
¿Esto es legal o sólo cuestionable desde la ética? Depende de quién lo mire.
El subsecretario administrativo de la Corte, Carlos Cañizares, dijo que estos nombramientos no son ilegales basado en el artículo 207 de la Constitución Provincial que dice que la Corte tiene atribuciones para nombrar, trasladar y remover a los empleados del Poder Judicial. Con este escenario, el Judicial llama a concurso cuando quiere en todos los casos y que lo haga implica un gesto de transparencia para la sociedad, que en este caso obvió.
Por otro lado, el presidente del Foro de Abogados, Isidro Díaz, dijo que "no es ilegal", pero bregó por que los ingresos sean por concurso.
Una tercera posición es la del abogado especialista en Derecho Constitucional Oscar Cuadros quien, consultado por este diario, dijo que "el artículo 207 le da facultades al Poder Judicial para designar su personal de manera independiente a los otros poderes, pero de ninguna manera lo exceptúa del artículo 45 que dice que «el acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a realización de concursos»" (ver página 3).
Estas designaciones recibieron ayer el reproche de muchos abogados y fueron el tema presente en los pasillos y en las mesas de café alrededor de Tribunales. Díaz lanzó que es "reprochable" nombrar de esa manera al personal y que "hay que decirle no al amiguismo y a los parentescos" y anunció una asamblea para tratar el tema en el Foro.
No es la primera vez que hay controversia con las designaciones en este poder del Estado. En el 2005 estalló el llamado caso Recio, porque estaba involucrado el secretario administrativo de la Corte de Justicia, Luis Recio (ver aparte). Después se hicieron nuevos nombramientos de personal, que ingresaron como personal de maestranza, pero terminaron trabajando en los juzgados.
Esta es la primera designación de empleados en el Poder Judicial en lo que va del 2009 y la más masiva que se registre en Tribunales desde el caso Recio, que fue el último concurso y el único en varios años.
Se hizo mediante el Acuerdo General Nro. 23, que tiene fecha del 30 de septiembre pasado, aunque recién trascendió ayer. Lleva la firma del presidente de la Corte, Juan Carlos Caballero Vidal y de los ministros del cuerpo, José Abel Soria Vega, Angel Humberto Medina Palá, Adolfo Caballero y del juez de Cámara Juan Carlos Peluc Noguera, con la asistencia del fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani.
Entre los argumentos para nombrar los empleados, se menciona que "existen múltiples requerimientos de distintos organismos" y además que hay "vacantes en el escalafón de personal administrativo y técnico".
Como mérito para los nombramientos, la acordada menciona que "compulsada y evaluada la documentación", las personas "reúnen los requisitos personales y de idoneidad".
La gente, designada "interinamente", según señala la acordada, tiene efecto desde el 1ro de julio pasado. Y de los 39, 33 son para desempeñarse como escribientes, que son la categorías más bajas en los juzgados y que realizan tareas como las asistencia en las audiencias. Un escribiente tiene un sueldo promedio del orden de los 2.600 pesos mensuales, según dijeron ayer fuentes judiciales.
Los otros 6 fueron designados, también "interinamente", en el cargo de auxiliar, que es la categoría que le sigue a la de escribiente. Ganan en promedio unos 2.900 pesos mensuales.
Consultado el presidente de la Corte de Justicia, Caballero Vidal, se excusó de responder, pero a través de su secretaria dispuso que fuera el subsecretario administrativo de la Corte, Cañizares, quien hablara sobre las designaciones y aseguró que la Corte tiene la facultad constitucional de nombrar así a sus empleados.
También mencionó que actualmente el Poder Judicial tiene 988 agentes, entre los que hay 6 (Corte y fiscal general), 81 (jueces), 174 (funcionarios judiciales, contando secretarios, Justicia de Paz y los organismos auxiliares de la Justicia), 598 (empleados) y 129 (maestranza). A ese total hay que sumarle las 39 nuevas designaciones.
Otra justificación que dio Cañizares fue la gran cantidad de causas judiciales que ingresaron todos los años al Poder Judicial de San Juan. Por ejemplo mencionó que en el 2008 ingresaron 85.860 causas, de las cuales, por ejemplo, el fuero civil es el tiene la mayor cantidad con 38.664 causas.