Ocho meses tuvieron que pasar para que un juez acepte investigar al exfiscal sanjuanino Juan Carlos Yannello, sospechado de participar en la comisión de delitos de lesa humanidad durante los años de plomo. Tras sucesivas inhibiciones, el mendocino Walter Bento, titular del Juzgado Federal Nº 1 de la vecina provincia, salió sorteado, no puso ninguna objeción y quedó al frente del caso. Entre otras medidas, deberá resolver sobre un pedido de detención contra el exfuncionario judicial que el Ministerio Público Fiscal solicitó el 5 de julio del año pasado, un día después de la lectura de la sentencia del primer megajuicio por la dictadura militar que terminó con la condena a 7 represores a penas de prisión perpetua y 25 años de reclusión.
Antes, un tribunal integrado por los jueces Héctor Cortéz, Alejandro Piña y Roberto Julio Naciff, deberá intervenir para definir sobre un recurso de reposición y de apelación en subsidio que presentaron los fiscales Mateo Bermejo, Katia Troncoso y Dante Vega. Es que en la denuncia que presentaron el 5 de julio del año pasado los miembros del Ministerio Público Fiscal, no sólo le atribuyeron a Yannello el delito de no haber promovido la acción penal, a la que estaba obligado por el cargo que ocupaba, sino que también le incriminaron la participación en delitos de homicidio, privación abusiva de la libertad, tormentos y abuso sexual, según consta en un voluminoso escrito de 250 páginas. Pero la Justicia Federal resolvió investigarlo por la omisión de deber y no por la participación en los hechos delictivos, razón por cual los fiscales apelaron y la cuestión la deberá resolver primero el nuevo tribunal.
Apenas el Ministerio Público Fiscal presentó el pedido de investigación, hubo una catarata de inhibiciones de jueces alegando, en la mayoría de los casos, razones de amistad con el acusado. Fueron los casos de los jueces federales de San Juan Miguel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo y de los integrantes del Tribunal Oral Federal de la provincia, Hugo Echegaray y Carlos Parra. Pero, por intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, quedó por sorteo al frente de la investigación el juez Bento, a quien le ha tocado actuar en resonantes casos de la región (ver aparte).
Por los delitos de no haber promovido las causas e incluso de haber tenido participación en los hechos se lo acusa a Yannello por 78 casos, como los de Alberto Carvajal, Daniel Russo, Margarita Camus, por citar algunos, incluidas también las situaciones de algunos desaparecidos en San Juan, como Daniel Olivencia, José Rolando Scadding y Jorge Bonil.
Para la época del golpe militar en San Juan, Yannello era fiscal federal de primera instancia, pero se retiró en noviembre del 2011 para jubilarse. Y por las funciones que desempeñaba, la Fiscalía lo acusa de no haber actuado en el desempeño de su cargo a pesar de haber tenido conocimiento de que se detenía y torturaba personas en la provincia. Pero él no fue el único sospechado. El otro fue el exsecretario Raúl Plana, pero los fiscales decidieron no acusarlo por entender que en su posterior rol de defensor promovió la defensa de los acusados, dijeron fuentes de la Justicia Federal.
La denuncia de los fiscales no es la primera que pone el ojo sobre Yannello. Durante el megajuicio, los abogados querellantes Margarita Camus, Fernando Castro y Roberto Scherbosky, que representaban a las víctimas, pidieron que se investigara su conducta por su falta de actuación. Y el otro antecedente es el de la sentencia del megajuicio, en la que los miembros del Tribunal Oral Federal ordenaron que se examinara su conducta, sospechado de una actuación irregular.
El caso de Yannello es similar al del exjuez federal mendocino Otilio Romano, quien estuvo prófugo de la Justicia en Chile y cuando fue extraditado y llegó a Mendoza, el juez Bento ordenó su inmediata detención. Ahora, Romano está siendo sometido a juicio en la vecina provincia acusado de haber cometido delitos tales como la privación de la libertad con desaparición forzada de personas, por su actuación como fiscal durante la época de la dictadura militar.