"Una resolución fuera de lógica y contraria a lo que había dispuesto la Corte Suprema de Justicia". Así definió el juez Hugo Quiroga, a cargo del tribunal de Jáchal, a la decisión del magistrado federal porteño Sebastián Casanello, quien había ordenado que se realizaran estudios de sangre y orina a los pobladores de Jáchal e Iglesia y análisis de suelo, agua, flora y fauna en esos departamentos a tres años del derrame de solución cianurada de 2015 en Veladero. Quiroga señaló que ayer le solicitó que se abstenga de intervenir y tomar medidas en la provincia, a tono con lo que el máximo tribunal judicial del país le había marcado a Casanello tras el incidente. Es decir, que su competencia en el hecho sólo esté ligada a la responsabilidad de exfuncionarios nacionales en el control de la actividad en la mina.
Si el juez porteño rechazara el planteo de Quiroga, se desataría otra vez el llamado conflicto de competencia, el cual tendría que ser resuelto por la Corte Suprema. Aunque ya lo había hecho en mayo de 2016, cuando Casanello empezó a investigar el derrame tras una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia que cayó en su juzgado. En ese entonces, los supremos lo apartaron de la causa y le remarcaron que el caso debía ser seguido por el Juzgado de Jáchal, sede de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan. Inclusive le llamaron la atención al señalarle que debía evitar "procedimientos similares al adoptado en el presente conflicto", dado que el objetivo es "evitar excesos de la jurisdicción federal que perjudican las competencias que han sido asignadas a las provincias".
No obstante, Casanello ordenó el 29 de junio una batería de medidas que debía llevar a cabo la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza. La medida obedeció a un pedido de la Asamblea Antiminera Jáchal No se Toca, que es querellante en la causa nacional. El magistrado incluso les dio la facultad a los asambleístas de elaborar un listado de aspirantes a participar en la medida.
Pero su decisión quedó en tela de juicio tras el planteo de Quiroga, quien es juez de Paz de Iglesia y está subrogando el tribunal jachallero. El magistrado sanjuanino se hizo eco de la solicitud que hizo Fiscalía de Estado de la provincia, que comanda Jorge Alvo. El motivo de la presentación fue evitar que Casanello continúe incumpliendo lo definido por la Corte Suprema y se exceda en su accionar. Además, en el escrito señalaron que "la prueba que pretende producir ya fue realizada y fue remitida a su juzgado". En Fiscalía entienden que sus intenciones son inmiscuirse en una jurisdicción que no le es propia, sin una justificación razonable.