Luego de que un hombre de 32 años falleciera tras recibir una brutal golpiza de tres sujetos, se disparó el cronómetro para llevar adelante el proceso de ablación de sus órganos, lo que había sido autorizado por su familia. Pero, como su muerte se produjo por un homicidio, era necesaria la presencia de un forense para que realizara un informe en el que definiera qué órganos se podían donar sin afectar la posterior autopsia, que es la que determina la causa del deceso. El médico convocado fue Alejandro Yesurón, quien, tras dar sus motivos, decidió no ir al Hospital Rawson, por lo que un funcionario judicial tuvo que llamar de urgencia a otra profesional, ya que, por ley, la Justicia tiene cuatro horas para informar al INCUCAI sobre la autorización. Según fuentes oficiales, esa demora puso en riesgo el procedimiento de ablación, hasta que llegó la médica Beatriz Vázquez, quien determinó que del cuerpo se podían extraer córneas, corazón, hígado, páncreas y riñones y que eso no afectaría la futura autopsia. Si bien el procedimiento se realizó, la cosa no quedó ahí, porque el fiscal General Eduardo Quattropani informó de toda esa situación al presidente de la Corte, Juan José Victoria. Es decir, le pasó la pelota al máximo tribunal, de quien depende el personal del Laboratorio Forense, para que tome las medidas que corresponda. ¿Se viene una sanción? Se verá.
El caso podría haber escalado al nivel de un escándalo mayúsculo si no se efectuaba la ablación, teniendo en cuenta lo necesario, importante y vital que resulta la donación de órganos para todos aquellos pacientes que lo necesitan. Toda la situación generó malestar en el Ministerio Público Fiscal, dado que tuvo a uno de sus miembros trabajando en la causa. Además, reavivó la puja por el manejo del Laboratorio Forense. Desde la puesta en marcha del sistema acusatorio, Quattropani viene sosteniendo que debe pasar a manos del Ministerio Público, mientras que desde la Corte le han señalado que no le pueden delegar su control (Ver recuadro). Ante lo sucedido en el proceso de ablación con Yesurón, Quattropani remarcó que "no opino más sobre el funcionamiento del Laboratorio Forense".
La génesis del último conflicto se disparó con el fallecimiento en el Hospital Rawson de un hombre, quien el 16 de este mes había sido brutalmente golpeado por tres personas, quienes le produjeron una fractura de cráneo con lesiones cerebrales. Fue declarado muerto el pasado lunes por la noche y, por disposición de su familia, se decidió la donación de sus órganos. Al tratarse de un homicidio, el juez de Instrucción Guillermo Adarvez y el ayudante fiscal Mariano Carrera estuvieron presentes a las 23 en el centro de salud y fue este último quien se contactó con Yesurón para que fuera a realizar el informe que indicara qué órganos se podían extraer sin que se afectara la posterior autopsia, tal cual lo manda la ley. Según las fuentes, Yesurón habría indicado que "con un informe detallado del jefe de servicio bastaba para autorizar el procedimiento", por lo que no asistió al hospital. Ante su ausencia y la urgencia que demanda el proceso, fue convocada la médica Beatriz Vázquez, quien "llegó sin dilación al lugar" y realizó su parte, por lo que la ablación se pudo efectuar.
La ausencia del profesional y el riesgo que provocó no pasó desapercibido, ya que, enterado, el jefe de los fiscales envió una comunicación en la que expuso el episodio de forma detallada a la Corte para que tome las medidas que crea conveniente.
Tres contra uno
El fallecido fue golpeado por Sebastián "el Zurdo" Fernández (34), Santiago "Pichón" Navarro (42) y Denis ""Pinki" Castillo (31), según la investigación. Los tres están imputados por el delito de homicidio simple.
Fuertes cruces por el Laboratorio Forense y su uso
El 14 de febrero de 2021, a días de que se pusiera en marcha el sistema acusatorio, el fiscal General Eduardo Quattropani hablaba con este medio y señalaba, por primera vez, que "el Laboratorio Forense debe depender del Ministerio Público". En la entrevista, reconocía que le había hecho el pedido formal a la Corte de Justicia, aunque luego, su entonces presidente, Daniel Olivares Yapur, había explicado que el complejo "funciona bajo la dependencia de la sala de Superintendencia de la Corte. Esa superintendencia no es delegable porque así lo establece la Constitución. Aunque queramos, no lo podemos delegar". Ante la respuesta, el jefe de los fiscales había contestado con dureza que la decisión del máximo tribunal "atrasa el reloj de la historia", además de apuntar con ironía que "será al modo del San Juan de antes, encerraditos con el juguetito, tal cual hijo único".
A días de asumir la presidencia en la Corte, en febrero de este año, Juan José Victoria le había dicho a este medio que "Quattropani no está teniendo ni medio problema con el uso del Laboratorio. Si Fiscalía y la Defensoría General necesitan estos servicios, hay que ver cómo se aceitan las cosas para que cada uno pueda cumplir con sus funciones". Además, había expresado que el complejo está "funcionando y lo está haciendo bien, así como está. Cuando algo falte, habrá diálogo y soluciones".
En el transcurso de este año, se han producido chispazos por directivas emanadas en el Laboratorio Forense con la tarea de los fiscales en ciertos casos, lo que ha ido generando malestar en el Ministerio Público Fiscal. El punto cúlmine fue la situación que se dio con Yesurón, al punto de que el fiscal General remarcó que "no opino más del funcionamiento del Laboratorio Forense".