Por un juicio millonario, que si lo llega a perder será el mayor desde la creación de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), por un monto calculado en los 20 millones de pesos, en la casa de estudios hay intenciones de lograr un acuerdo.

Así lo confirmó la vicerrectora Mónica Coca, quien hace poco asumió en el cargo tras la gestión que encabezó Benjamín Kuchen. La demanda fue iniciada por José Agustín Matar y Carlos Guillermo Rudolph, dos ingenieros en Minas de prestigio internacional, quienes reclamaron una reparación por los daños económicos y perjuicios ocasionados tras una causa penal que perdió la Universidad.

Ambos profesionales fueron denunciados por el ex rector Tulio Del Bono en junio de 1990, sospechados de haber cometido malversación de caudales públicos y peculado, que consiste en la apropiación de dinero, en este caso perteneciente a la Universidad, que estaba bajo su custodia. El tercero denunciado en esa causa, Julio Millán (h), falleció. Pero en un juicio oral y público, que tuvo lugar y finalizó 18 años después de la denuncia, en noviembre del 2008, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan resolvió que los profesionales fueran absueltos.

La Universidad, en la gestión de Kuchen, presentó un recurso de casación ante la Cámara Federal de Apelaciones y después otro planteo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Al ser rechazados ambos planteos, la sentencia con la absolución quedó firme. Y después, a través de la Dirección de Asuntos Legales, la casa de estudios planteó que no correspondía avanzar con la demanda por daños y perjuicios sino que se trataba de una cuestión con competencia contenciosa administrativa.

Pero el fiscal federal subrogante, Cristian Rachid, entendió que “no se pretende la revisión de contrato y/o acto administrativo alguno” y resolvió que avance la demanda por daños y perjuicios.

Ahora, las partes pueden ser convocadas a una audiencia de conciliación, donde podría llegar a un acuerdo, o el juicio avanzará.

Los ingenieros, patrocinados por el abogado Miguel Arancibia, reclamaron que, tomando en cuenta los años transcurridos y por los daños causados ‘por el accionar ilegítimo de la casa de estudios”, correspondía el pago.

Junto con la reparación económica, los profesionales quieren un pedido público de disculpas. También el envío de una carta oficial de desagravio a todas las instituciones, organismos nacionales e internacionales y empresas privadas con las que se encontraban relacionados en su momento.

Los hechos que desencadenaron la denuncia fueron que para realizar investigaciones y trabajos en el ámbito del desarrollo minero, Matar y Rudolph, armaron el Instituto de Investigaciones Mineras de la Universidad, formaron Investigación y Desarrollos Mineros SA (IDEMSA), una sociedad que les permitía contratar con el Estado o con empresas privadas. Después formaron la Asociación para la Cooperación con la Investigación, la Industria y la Minería (ACIIM). Después de polémicas con Del Bono, el entonces rector los denunció y los separó de sus cargos.