La situación del Tribunal de Cuentas generó sorpresa en la sesión de ayer en la Cámara de Diputados. Es que el organismo encargado de controlar la legalidad del gasto de todas las reparticiones públicas, incluidos los municipios, no tiene sus 3 últimos balances aprobados. Los legisladores, por recomendación de la vocal de la repartición y de un auditor externo, no admitieron las cuentas generales de los períodos 2009 y 2010 debido a errores formales, es decir, que no falta dinero (ver aparte). Pero las fallas en las rendiciones vienen desde tiempo atrás, ya que el ejercicio 2008 aún no pasó el filtro de la Legislatura por los mismos motivos.
A pesar del paso del tiempo, los errores de este último balance aún no han sido subsanados, por lo que el presidente del Tribunal, Isaac Abecasis, puede ser sancionado con una multa, según establece la ley 8.188. La responsabilidad recae contra el titular del organismo porque es el denominado “cuentadante”, es decir, el encargado de presentar el detalle de cómo se rindieron los gastos y confeccionar las planillas de funcionamiento. El monto mínimo de la sanción, según establece la norma, es equivalente a un día de salario y el tope máximo no debe ser superior a un tercio del sueldo básico del cargo del responsable de rendir los balances.
Con respecto a las cuentas 2009 y 2010, el cuerpo legislativo intimó al Tribunal para que en el término de 10 días, que corren a partir de la comunicación de la resolución, arregle las “inconsistencias”. En el caso de que no lo haga en ese plazo, incurrirá en las causales de sanción, previstas en el artículo 130 inciso 3, y la Cámara procederá a iniciar las actuaciones administrativas correspondientes, según explicó Javier Ruiz, presidente de la comisión de Hacienda.
Además del retraso evidente para dejar en claro sus cuentas, el organismo de control está atravesado por una fuerte interna entre sus miembros. Graciela Chávez, vicepresidenta, y Laura Yanzón, la vocal, han votado de la misma manera en temas sensibles como la liquidación de las regalías mineras, mientras que el grupo que conformaba Abecasis, el vocal Fernando Manrique (que fue reemplazado por Juan Pablo Ruiz) y su par Pedro Belenguer lo hicieron en sentido contrario. Inclusive los roces influyeron para que este último renunciara y su puesto fuera ocupado por el ex ministro de Hacienda Aldo Molina. Pero las discrepancias no se limitaron solamente al pago de las regalías, ya que la rendición de la cuenta 2008 también fue un punto de conflicto (ver aparte).
Desde la sanción de la ley 8.188, en diciembre de 2010, la Legislatura tiene en sus manos la facultad de aprobar o rechazar los ejercicios presentados por el Tribunal (antes lo hacía el mismo organismo). Bajo el amparo de la normativa, la Cámara designó a Fabián Ejarque como auditor externo. Y en el análisis de las cuentas 2009 y 2010, se detectaron las falencias y así surgió la recomendación para que no se admitieran. En el caso del período 2009, es la segunda presentación, debido a que la primera también contenía errores. En cuanto al balance 2008, se trata del más problemático, ya que va por su tercera rendición, en cuyas etapas se han ido subsanando inconsistencias, pero algunas de ellas han permanecido.