La suspensión que dictó el jueves el Concejo Deliberante de Angaco contra el intendente José Castro duró, efectivamente, 23 horas con 55 minutos. Es que ayer, minutos antes de las 13, la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, resolvió hacerle lugar a la medida cautelar que el jefe comunal había presentado a primera hora, junto con un amparo. Así, dejó sin efecto la resolución que había tomado el cuerpo deliberativo. Además, la magistrada indicó que los ediles deberán abstenerse de insistir con la suspensión “intertanto se sustancie y se resuelva la presente acción de amparo”. Según indicaron las fuentes, los concejales pueden apelar el fallo, pero dicha presentación no tendrá efectos suspensivos. Por otro lado, los concejales angaqueros acudieron ayer ante la Fiscalía Correccional de turno y, como habían adelantado, presentaron una denuncia contra Castro por malversación de caudales públicos. Es que entienden que es el responsable de lo que sucedió el sábado por la mañana, cuando maquinaria y personal municipal fue encontrado realizando tareas en un terreno privado de Chimbas.
Castro solicitó que se declare la nulidad absoluta y se revoque la decisión del Concejo Deliberante. Bajo ese marco, pidió que se dicte una medida cautelar urgente por el “peligro cierto de un daño irreparable”, dado que la suspensión que se estableció fue por 30 días hábiles y, de cumplirse, hubiera tenido que retornar a sus funciones recién el 27 de noviembre, cuando faltaran 13 días para la finalización de su mandato, por lo que se vulneraría la voluntad popular de los electores.
En el escrito, el jefe comunal apuntó a que existió un “vicio manifiesto en el procedimiento”, ya que “grosera y obscenamente se ha cercenado literalmente el derecho de defensa”. Es que, según sostuvo, los concejales nunca lo interpelaron por los hechos denunciados y tampoco le corrieron vista. Por otro lado, destacó que el Concejo incurrió en un error grave porque el acto administrativo que dispuso la suspensión fue a través de una resolución “cuando debió ser un decreto”.
Los ediles llevaron adelante la suspensión basándose en lo que establece la Constitución provincial y la ley orgánica de municipalidades, pero Tettamanti explicó en su fallo que, en el análisis de esas normas, “el Concejo Deliberante se encuentra facultado para resolver la remoción del intendente, pero no la suspensión como se hizo”. Es que dichas legislaciones establecen mecanismos específicos para juzgar las responsabilidades políticas del jefe comunal. En este caso, se debió haber llevado adelante un proceso revocatorio. Además, la juez señaló que uno de los artículos invocados por los concejales para llevar adelante la suspensión hace referencia solamente a funcionarios o empleados y no al intendente. El análisis de la magistrada fue sobre la cautelar, lo más urgente, por lo que quedará para más adelante el estudio del amparo presentado, la cuestión de fondo.
Por otro lado, los concejales Valeria Garay, José Risueño, Mario Pacheco y Alberto Fernández se presentaron en la fiscalía Correccional Nº 5, a cargo de Claudia Salica, y denunciaron al intendente. Los ediles le achacan a Castro el delito de malversación de caudales públicos por el presunto uso de maquinaria de la comuna en un terreno privado de Chimbas y por el desempeño de tareas de empleados de planta permanente y contratados. Como prueba, los ediles ofrecieron las imágenes captadas el sábado por la mañana, en las que se vería a los equipos trabajando en el lote, los testimonios de los trabajadores involucrados en el escándalo y la exposición policial que hizo Risueño ese día en la seccional departamental.
Restitución
Si bien la resolución de la jueza se dictó pasado el mediodía, Castro indicó que retomará sus funciones el lunes por la mañana, toda vez que la concejal a cargo de la intendencia, Valeria Garay, se notifique y resuelva acatar la medida judicial. Castro se mostró tranquilo tras el fallo.
Causa
Las fuentes consultadas indicaron que los primeros días de la próxima semana, la fiscal a cargo de la causa analizará si existen méritos para pedir la apertura de la investigación contra Castro. El delito en la mira contempla una pena de dos a diez años.