Con tres sentencias a su favor, la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad) pidió el embargo de los fondos de coparticipación que ingresan a la provincia para cobrarse una supuesta deuda de 85,7 millones de pesos, suma que actualizada rondaría los 149 millones. Pero el flamante fiscal de Estado, Jorge Alvo, presentó a fines de la semana pasada un escrito ante la Corte Suprema de Justicia en el que argumentó que en el caso de realizar el desembolso, el Estado sanjuanino debe prever ese gasto y presupuestarlo al comienzo del año que viene. Así ganó tiempo, lo que permitirá que el máximo tribunal judicial del país pueda analizar otra presentación realizada para que revea el reclamo de la entidad y frene la ejecución de los procesos.
La disputa con Osplad salió a la luz a principios de este mes y se trata de uno de los juicios en el que la provincia ha centrado su atención. De hecho, luego de que Alvo asumiera el lunes pasado en Fiscalía de Estado, el organismo encargado de defender el patrimonio local, viajó a la Ciudad de Buenos Aires para jugar una nueva carta judicial y reunirse con el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema. No es para menos. Si el Estado tuviera que efectuar el pago de los 149 millones de pesos, se privaría de hacer unas 155 casas del IPV y serviría para construir un hospital como el que estará en 25 de Mayo, por mencionar algunos ejemplos.
En Fiscalía sostienen que la obra social nacional está exigiendo aportes por cargos docentes y puestos de personal que no le corresponden. La historia tiene sus raíces en la década del ‘90, cuando en la provincia había maestros que estaban bajo la órbita de la Nación, por lo que percibían su sueldo a través de la administración central, que a su vez hacía los aportes a Osplad. En el menemismo, las escuelas nacionales fueron transferidas a los distritos, como el caso de San Juan, quienes, por convenio, siguieron destinando fondos a la entidad para la cobertura de salud por ese listado de educadores.
En 2014, Osplad realizó inspecciones y descubrió que esos docentes que eran nacionales además tienen otros cargos en el ámbito educativo y puestos laborales en otros rubros, por lo que inició demandas por juicios ejecutivos para cobrar esos aportes extra. Pero sucede que los cargos extra son provinciales y que algunos maestros también desempeñan tareas en el Ejecutivo. Por lo tanto, el Gobierno deposita los recursos correspondientes a la Obra Social Provincia.
En la Corte le dijeron al fiscal de Estado que el tema se resolverá en lo inmediato.
No obstante, Osplad hizo la demanda y acudió a la Corte Suprema para cobrar esa diferencia. En los juicios ejecutivos, el máximo tribunal no analiza la cuestión de fondo ni la causa sino que el proceso esté bien, por lo que le hizo lugar a los planteos de la entidad nacional. Así, la provincia tuvo tres sentencias en contra. La primera fue por 12.736.809 pesos y las otras dos se conocieron a principio de mes: una por 29.192.198 pesos y la restante, por 43.834.914 pesos. El total asciende a 85,7 millones de pesos que van desde 2010 a 2014, pero actualizado llegaría a los 149 millones. Tras la última presentación, Fiscalía de Estado apunta a que la Corte Suprema analice un escrito realizado anteriormente llamado acción declarativa de certeza. Con ella, la provincia apunta a que los magistrados se metan en el tema de fondo y analicen si corresponde abonar o no. Inclusive, Alvo explicó que el sistema de pago es complejo, los aportes se descuentan por coparticipación, pero que Osplad no emite ningún comprobante, por lo que “no está clara la relación jurídica”. El planteo fue acompañado por una cautelar para que frene los desembolsos. El funcionario se mostró optimista ante el resultado.
Demandas
3 Son los juicios ejecutivos que inició y ganó Osplad contra la provincia. Las sentencias a pagar son de 85,7 millones de pesos, que a valores actuales llegaría a 149 millones.
Capacitación
El fiscal de Estado además se trajo otra gestión de la reunión que tuvo en la Corte Suprema de Justicia. Alvo señaló que estuvo con los expertos en área ambiental y se pusieron a disposición para toda la capacitación que requieran los profesionales del organismo local. El tema ambiental es una fuerte apuesta del fiscal.
Reunión con Hacienda
El fiscal de Estado, Jorge Alvo, y el adjunto, Gastón Orzanco, se reunieron el lunes pasado con el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, y su equipo. El motivo del encuentro fue dialogar con los funcionarios del organismo encargado de defender el patrimonio del Estado sobre los juicios que pesan sobre la provincia y las demandas que se han efectuado. Uno de ellos fue el caso de Osplad, pero también se recordó las demandas que hizo San Juan contra la Nación por la retención del 15 por ciento de coparticipación para fondear al Anses y la deducción de recursos coparticipables del 1,9 por ciento de la recaudación neta total de los tributos que recauda la AFIP.
Gattoni explicó que sobre el primer caso, la cifra reclamada va de 2006 a 2015 y que a valores históricos da 7.500 millones de pesos. La cifra actualizada sería equivalente a 20 mil millones de pesos. En el segundo caso, la deuda va de 2011 a 2015 y el monto a valores históricos ascendería a 1.700 millones de pesos, lo que a cifras actuales llegaría a 2.500 millones. En ambos casos, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la retención por parte de la Nación.