Como se veía venir, el juez Hugo Quiroga levantó ayer la cautelar que pesaba sobre Veladero y la mina de oro y plata más grande que tiene San Juan en explotación retomó la producción. Así, al menos en lo operativo, se terminaron los fuertes coletazos que dejó el último incidente con solución cianurada que se registró en el emprendimiento en la madrugada del 8 de septiembre. El magistrado tomó la decisión en sintonía con el pedido que le habían hecho los fiscales del caso, al entender que la compañía Barrick ejecutó todas las medidas de seguridad que le exigían y que cesó el riesgo para la población y el medio ambiente.
Quiroga es el juez de Paz de Iglesia y en su entorno habían advertido que la resolución era inminente. Finalmente, en horas de la mañana, firmó el escrito que levanta la cautelar que se había dictado inicialmente para suspender las actividades en alta montaña después de la rotura de una cañería que liberó solución cianurada y la salida de material rocoso del valle de lixiviación.
La notificación llegó horas más tarde a Barrick, en donde se pusieron a trabajar para reiniciar las actividades. Fuentes de la empresa aseguraron que retomaron las tareas en horas de la siesta, una vez que los empleados que quedaron en la mina para ejecutar las obras solicitadas por la Justicia revisaron todo el circuito de producción.
El yacimiento iglesiano quedó paralizado el 14 de septiembre, por orden del gobernador Sergio Uñac. Fue a raíz del incidente ocurrido 6 días antes y para poder investigar en el lugar las causas, los eventuales responsables y las consecuencias. Días más tarde, producto de tres denuncias de un abogado, el fiscal del Estado y el defensor del Pueblo por el derrame, el juez jachallero Pablo Oritja tomó la misma medida y los efectos quedaron bajo la órbita judicial.
Oritja fundó su decisión en la incertidumbre que representaba la mina y el eventual riesgo para las poblaciones cercanas y el medio ambiente. Y paso seguido, en base a requerimientos del Ministerio de Minería, condicionó la continuidad de la cautelar a que Barrick ejecutara una serie de medidas urgentes que le dieran más seguridad y despejaran cualquier duda de peligro (ver Las obras).
En pleno trámite de la causa, Oritja se tomó licencia el viernes pasado y todo pasó a manos de la jueza de Paz de Jáchal, Silvia Rodríguez, quien ahí nomás pidió permiso por razones de salud. Por eso, Quiroga quedó al frente esta semana como subrogante y encargado de analizar el informe de Barrick sobre las obras realizadas, las certificaciones de la Policía Minera sobre esos trabajos y el pedido de los fiscales Sohar Aballay, Daniel Guillén y Fabricio Medici (los dos últimos designados como ayudantes por el fiscal General de la Corte), para recién dictaminar sobre el destino del emprendimiento.
En su resolución, el juez considera que la compañía que explota Veladero se puso a tono con las medidas urgentes y la presentación del plan integral que le exige Minería. Por otra parte, sostiene que “mantener la medida cautelar en las circunstancias referidas, constituiría una especie de pena anticipada o, en su caso, la producción de un perjuicio a la empresa, al Estado y a los trabajadores absolutamente injustificado”. Además, cita fundamentos del Ministerio Público sobre que “debe evitarse el intervencionismo judicial, en el sentido de que una cautelar no puede convertirse en un sustento para que la Justicia se convierta en autoridad de aplicación y vigilancia de, por ejemplo, en plan integral, tema que le corresponde en carácter de deber a la autoridad minera”.
Todavía no se sabe cuánto dejó de producir Veladero en los 21 días de paralización ni si hubo impacto para la provincia, que recibe el 3 por ciento del valor de facturación del oro y la plata que extrae y comercializa Barrick en el exterior. “Todavía no hemos revisado eso y no se puede determinar a ciencia cierta, porque la liquidación de las regalías se hace en forma mensual y la empresa tiene hasta 30 días después para presentarla”, explicó el ministro de Minería, Alberto Hensel.
Con la cautelar resuelta, ahora todo se concentra en el aspecto penal. Quiroga, u Oritja cuando regrese, debe determinar qué fue lo que pasó el 8 de diciembre y si hubo delito o no por parte de los responsables de la mina o la cúpula de la empresa. En principio, las pericias que se hicieron en la mina indican que la solución cianurada no llegó al río ni salió del valle de lixiviación (Ver Cómo sigue).
Mientras tanto, en Minería hay un sumario en marcha. De allí saldrá si corresponde aplicarle a Barrick una multa, tal como sucedió por el derrame sucedido en septiembre del año pasado.