"Tomaremos medidas urgentes y reforzaremos la seguridad", resaltó el secretario del área, Carlos Munisaga, frente al robo de autopartes y de elementos en dos vehículos que sucedieron en menos de 10 días en el Depósito Judicial de 9 de Julio. El predio tiene unas 12 hectáreas de extensión y el funcionario señaló que en febrero harán el cierre perimetral y colocarán iluminación, mientras que, en una segunda etapa, colocarán más cámaras y habrá más policías. Los damnificados deslizaron sospechas sobre una supuesta complicidad o pasividad de los uniformados, aunque Munisaga indicó que es "prematuro" avalar esa posibilidad y se mostró más proclive a la hipótesis de golpes en soledad por parte de delincuentes. No obstante, manifestó que la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión ya abrió una investigación de rigor para determinar si hay o no responsabilidades.
Así, el depósito de vehículos sacados de circulación debido a que se encuentran en causas judiciales y por infracciones de tránsito vuelve a estar en la picota. El antecedente más grave se dio en 2019, cuando se abrieron tres investigaciones judiciales contra su entonces máximo responsable, el comisario Gustavo Padilla, quien está procesado por quedarse con movilidades y sustraer autopartes. En uno de esos expedientes, el exjefe del Depósito Judicial consiguió, de manera irregular, una camioneta Toyota Hilux 4×4 de manos del entonces juez Pablo Flores, quien renunció a su puesto para evitar un juicio de destitución, aunque también está en la mira de la Justicia (ver Causas contra…).
Los últimos casos salieron a la luz el 22 y el 30 de diciembre, cuando los propietarios fueron a buscar sus movilidades. El primero de los dueños, que prefirió no revelar su identidad, había contado que su Chevrolet Corsa estaba en el depósito desde el 26 de agosto y que le robaron el estéreo, dos parlantes 6×9, dos etapas de potencia, un parlante subwoofer y unos $3.000 que habían quedado en el vehículo. Y, además, le abrieron el capot y le llevaron la batería. El segundo es Juan Manuel Nievas, quien había señalado que de su Volkswagen Gol Power, el cual quedó en predio el 28 de agosto, se llevaron un estéreo con pantalla y control remoto, una etapa de potencia, unos lentes de sol de marca, un kit para asado, una llave de paso de nafta a GNC y un cargador para celular. Además, había dicho que le abrieron el capot y le sustrajeron la batería, le rompieron las ópticas para llevarse dos lámparas Cree Led y hasta le robaron las escobillas limpiaparabrisas.
"Las situaciones que han acontecido no se pueden permitir. Las medidas de seguridad se van a extremar", remarcó Munisaga, quien explicó que harán el cierre perimetral con tela olímpica e instalarán iluminación con, en principio, los fondos con los que cuenta la Secretaría bajo el procedimiento de contratación que permita la normativa. El funcionario explicó que se trata de un "predio de fácil acceso y es lo que vamos a cubrir con mayor urgencia para evitar que ingresen personas caminando de afuera del lugar". De hecho, recordó que en 2019 fue detenido un grupo de delincuentes, proveniente de un asentamiento cercano, que había robado autopartes. Además, expresó que, en una segunda etapa, se colocarán cámaras de vigilancia (hoy hay una y se encuentra en el ingreso al inmueble) y que se reforzará la cantidad de personal. Hoy, por día y en turnos, hay un total de 26 uniformados.
Frente a las sospechas que deslizaron los damnificados sobre la presunta complicidad de policías, el secretario de Seguridad se mostró cauto, dado que dijo que es "prematura" esa conjetura. De todas formas, informó que la Subsecretaría de Control de Gestión, que está bajo su órbita, abrió la investigación preliminar, la que debe tratar de establecer en que períodos se produjeron los hechos para determinar qué guardia se encontraba.
Además, recordó que todos aquellos con vehículos radiados pueden retirar sus pertenencias con autorización judicial.
- Causas contra el exjefe de la dependencia
El exjefe del Depósito Judicial, Gustavo Padilla, irá a juicio este año por la causa en la que consiguió la autorización judicial para usar una camioneta 4×4 secuestrada, a la que le dio un uso particular, como hacer travesías en alta montaña y en el campo con amigos. En ese expediente también está en la mira Pablo Flores, el entonces juez del Segundo de Instrucción que le entregó el vehículo de manera irregular, ya que la disposición de las movilidades es una facultad de la Corte de Justicia, y sólo para instituciones. Padilla, además, está procesado por quedarse con un Chevrolet Corsa luego de, presuntamente, haber engañado al titular del auto y haberlo retirado a través de un acta con una firma falsificada. Y, también, está acusado de desguazar un Peugeot 206. Hubo videos y uno registró cuando usaba una llave cruz sobre la rueda trasera de un Fiat 147, informaron fuentes judiciales.