Reunión. La oficina del Fiscal General, Eduardo Quattropani, fue la sede del encuentro entre las autoridades. Las nuevas estructuras en la Policía no requerirán fondos, ya que se trabajará con el personal actual.

 

A raíz de la queja de los productores que denunciaron el incremento de los robos en fincas y viñedos, reclamo reflejado por DIARIO DE CUYO, habrá cambios clave en Flagrancia y en la Policía. El fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, dispuso endurecer el sistema de juicio exprés para los delitos rurales, ya que sus fiscales no accederán a los pedidos de probation de aquellos que sean detenidos tras cometer dichos ilícitos. Por su parte, desde la fuerza, el flamante secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, y el jefe de la Policía, Luis Martínez, resolvieron crear la División Policía Rural, capacitar al personal y llevar adelante foros junto a productores y así recabar toda la información posible.

La respuesta de los funcionarios provinciales se dio a 48 horas después de que este medio diera a conocer la preocupación de los productores por el alza de los delitos rurales (Ver recuadro). Según indicaron, los hechos delictivos se han recrudecido en esta última parte del año, pasando del robo común de madera para calefacción a hurtar alambres de los viñedos, cables de electricidad de las electrobombas, cabezales de riego por goteo, baterías, herramientas y autopartes de tractores, entre otros. Desde el sector apuntaron a que el fenómeno se ha extendido a Santa Lucía, Chimbas, Sarmiento, Pocito, Rawson, 9 de Julio, Caucete, Angaco y 25 de Mayo.

Ante la situación, el fiscal General, quien fija las políticas de persecución penal, bajó línea para endurecer el castigo a aquellos que sean detenidos infraganti cometiendo ese tipo de delitos. Esto es, a los delincuentes atrapados por hurto campestre, robo en despoblado, robo de ganado y delitos contra la propiedad, cuando estos se refieran a la sustracción de productos agrícolas, maquinarías, herramientas, agroquímicos o insumos, como los alambres, entre otros. Según Quattropani, al tratarse de un sector de la economía clave para San Juan, los fiscales no accederán a otorgar el beneficio de probation (suspensión de juicio a prueba), recurso al que puede acceder la persona que no tenga antecedentes, sea su primer delito y la pena de este sea menor a tres años y el castigo sea en suspenso. La decisión de Quattropani es clave, ya que sin el OK del fiscal, el juez de Flagrancia no puede otorgar ese beneficio.

A su vez, desde la Policía, Martínez indicó que se creará esta semana la División Policía Rural, un cuerpo especial que tendrá como prioridad atender ese tipo de delitos. La nueva estructura tendrá asiento operativo en los controles policiales de San Carlos, Bermejo, Niquivil, Encón y en el Paso de Santa Clara, en Sarmiento. A su vez, se trabajará en coordinación con todas las comisarías y seccionales de los departamentos afectados. Incluso ayer por la tarde, Martínez llevó adelante una reunión con las autoridades de la fuerza e impartió las nuevas directivas.

Un punto central del abordaje de seguridad lo tendrán los informantes rurales. Se trata de un cuerpo especial de agentes que tiene presencia en toda la provincia y que tienen la tarea de relevar la información necesaria para la investigación, esto es, lugares, horarios, modus operandi y sospechosos. El cuerpo se creó en noviembre de 2018 y desde la fecha, ha sido capacitado para atender las necesidades de los productores.

 

Reunión clave

El último programa de "A todo o nada", de Radio Sarmiento, gestó la iniciativa para enfrentar el reclamo de los productores locales. Del encuentro radial participaron Eduardo Quattropani, fiscal General de la Corte de Justicia; el flamante secretario de Estado, Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga, y Luis Martínez, el jefe de Policía. Entre ellos analizaron y debatieron la problemática que había reflejado el último sábado la tapa de DIARIO DE CUYO y acordaron reunirse el lunes.

En la reunión de ayer estuvieron presentes, además de los ya mencionados, el coordinador de Flagrancia Daniel Guillén y el funcionario del Ministerio Público Fiscal, Fernando Rhamé. Allí discutieron qué mecanismos deben ser utilizados para tener un mayor control en los casos de delitos rurales y cómo se debe actuar si el hecho cae bajo el sistema de Flagrancia.