Fue una nota simple, de una sola carilla, la cual fue enviada desde el Ministerio de Hacienda a los 19 intendentes. El contenido no era otro que recordarles que, de acuerdo a la ley de Responsabilidad Fiscal, no pueden incorporar trabajadores a planta permanente en los últimos nueve meses del mandato para no complicarle la transición al sucesor. El escrito suena a advertencia, teniendo en cuenta que los secretarios de Hacienda de los municipios, los jefes comunales y diputados le dieron el OK a la normativa y están al tanto de sus fundamentos. El titular de la cartera económica provincial, Roberto Gattoni, destacó que es un recordatorio después del antecedente de Caucete, en el que el intendente Julián Gil trató de designar a 67 empleados tras perder con Romina Rosas. El alfil uñaquista explicó que la iniciativa es para "evitar problemas a futuro porque después están las penalidades económicas y las que tengan que ver con el incumplimiento de la ley". Esto es, una posible sanción administrativa por parte del Tribunal de Cuentas o una denuncia por parte del reemplazante que se sienta perjudicado.
Las notas fueron enviadas sobre la segunda quincena del mes pasado, pero la movida trascendió esta semana. El escrito transcribe textualmente el inciso C del artículo 3 de la ley 1812-I, el cual señala que "los gobiernos municipales, durante los tres últimos trimestres del año de fin del mandato, no pueden realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente". La norma aclara que se trata de aquellas erogaciones "que se prolonguen por más de nueve meses y que no se encuentren fundados en situaciones de emergencia de tipo social o desastre natural". Y para más aclaración, la nota que les llegó a los intendentes remarca que "el objetivo de esta regla es restringir el incremento del gasto corriente (por ejemplo, la incorporación de personal a planta permanente y/o promociones), que comprometa la nueva gestión de gobierno, promoviendo una transición responsable del mandato". En ese contexto, desde el Ministerio de Hacienda solicitaron que se cumpla la ley.
Ese punto de la normativa salió para evitar que un jefe comunal que tuviera que dejar el cargo a un rival le dejara una bomba en la administración a su sucesor al nombrar a diestra y siniestra personal a planta permanente. Tal situación se dio en Caucete, en la polémica gestión de Gil, quien tuvo que dar marcha atrás tras el reclamo de trabajadores (ver Designaciones…). Se trata del caso testigo que motivó el "recordatorio" a los intendentes, indicó Gattoni. Las comunas que tendrán recambios entre rivales o de signos políticos distintos son Iglesia y Angaco.
La ley de Responsabilidad Fiscal establece sanciones para la administración municipal que incumpla la prohibición de incorporar trabajadores, pero los que las reciben son los que toman la posta en un nuevo mandato. Entre ellas se encuentra la imposibilidad de acceder a dos fondos especiales, como el de Emergencia y el de Desarrollo Regional. Pero Gattoni remarcó que al tratarse de una ley vigente, aquel que vaya en contra de la misma puede estar sujeto a un castigo administrativo y económico del Tribunal de Cuentas o de una denuncia por parte del jefe comunal que reemplace al saliente.
No obstante, el ministro de Hacienda hizo hincapié en que las notas difundidas no tuvieron como objetivo marcar una advertencia sino "evitar problemas para las gestiones actuales y las que vienen".
Extra
2 Son los fondos especiales de ayuda a los municipios (el de Emergencia y el de Desarrollo Regional) siempre y cuando cumplan con las pautas fiscales.
En sintonía
La ley de Responsabilidad Fiscal salió en sintonía con la de Coparticipación Municipal, la cual asigna mayores recursos a las comunas en base a parámetros objetivos.
- Designaciones y marcha atrás
El 9 de junio, este medio dio a conocer que el intendente de Caucete, Julián Gil, había incorporado a planta permanente a 67 personas a partir del primero de ese mes. De ese total, 21 eran integrantes de su staff político, muchos de los cuales son funcionarios. Entre el resto se encontraban familiares, amigos, parejas de sus hijos y de otros funcionarios e, incluso, personas que nunca desempeñaron tareas en la comuna, habían revelado fuentes calificadas. Frente a la presión de otros trabajadores que habían recibido la promesa de recategorizaciones, el jefe comunal dio marcha atrás.
Por otro lado, el intendente de Angaco, José Castro, había nombrado a planta a 36 empleados, por lo que el jefe comunal electo, Carlos Maza, señaló que se trató de una medida para "perjudicar y complicarle" su futura administración. Castro no negó las incorporaciones, pero sostuvo que los cargos ocupados estaban vacantes. Además, dijo que Maza "no tiene idea de la gestión municipal".