Un día después de la denuncia que hizo el director del IPV, Marcelo Yornet, por una presunta estafa cometida dentro de la repartición, personal policial y de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, encabezada por Adrián Riveros, logró la detención del único involucrado en el escándalo. Se trata de Eduardo Maximiliano Varela, de 28 años, quien se desempeñaba en el área de Adjudicaciones y quien, según consta en la denuncia, habría cobrado importantes sumas de dinero para adjudicar casas a distintas familias. Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal, ayer se produjeron cuatro allanamientos en distintos puntos de la provincia, hasta que el sospechoso fue hallado cerca de las 21 en el domicilio del suegro, en Calle 14 y Vidart, Pocito. Tras la captura, Varela fue trasladado a la Central de Policía y será presentado ante el juez de Garantías dentro de las 72 horas, indicaron las fuentes.
Hasta el momento, la UFI Delitos Especiales logró el testimonio de unos 10 damnificados que indicaron haber entregado desde 100 mil, 150 mil, 260 mil y hasta 300 mil pesos a Varela, con el compromiso de que este les adjudique una vivienda del IPV. A su vez, las autoridades judiciales tienen contabilizadas unas 20 víctimas más del empleado contratado, mientras que no descartan que el total de damnificados ronde las 50 personas.
Por otro lado, fuentes calificadas explicaron que, luego de que la noticia saliera a la luz de manera interna en el IPV, Varela se ausentó de su puesto de trabajo, como imaginando las denuncias que finalmente recayeron en su contra. Frente a ese escenario, desde la UFI Delitos Especiales no descartaban que se hubiera dado a la fuga a otra provincia. Además, las fuentes explicaron que se encuentra en análisis si Varela realizó la misma maniobra a vecinos de Jáchal, tras cumplir tareas del IPV en ese departamento. En el caso de los denunciantes, se confirmó que el contratado tomaba contacto con los damnificados, luego de que estos se acercaran al Centro Cívico a realizar distintos trámites en el IPV. Así, aprovechándose de sus funciones, los convencía de entregar los montos para asegurarles ser adjudicatarios. Al parecer, Varela chequeaba las listas de aquellas personas que no cumplían con los requisitos para recibir una vivienda, por lo que eran dadas de baja, para luego ingresar a aquellas a las que les había cobrado.
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CLAVES
Barrios
Según las distintas declaraciones de los damnificados, las casas que ofreció Varela para realizar su presunto ardid fueron las del Stotac de Rawson, de 385 casas, el cual fue entregado en octubre pasado. Las personas que le pagaron al empleado contratado del IPV presentaron una queja formal luego de que no fueran convocados para la entrega de las viviendas. Fuentes calificadas indicaron que existen otros barrios en otros departamentos, pero no trascendió los nombres de los mismos.
Monto y operaciones
Si bien, en un principio, se estimó que el monto de la presunta maniobra delictiva estuvo entre los 4,8 millones y 9 millones de pesos, las fuentes indicaron que, por el momento, no se conoce un valor específico, ya que la lista de presuntos damnificados crece día a día. Según los testimonios, algunas de las operaciones de dinero se llevaron adelante en las oficinas de Adjudicaciones del IPV, en la Planta Baja del Centro Cívico y en las casas particulares de las personas que contactaba el sospechoso.