Desde 2016 a agosto de este año, los abogados de Fiscalía de Estado entablaron negociaciones con los representantes de aquellas personas que se sintieron perjudicadas por alguna decisión o actuación de algún organismo gubernamental y llegaron a acuerdos en instancias de mediación en 52 causas. Así, de casi 77 millones de pesos en demandas, la provincia terminó pagando cerca de 13,5 millones, es decir, sólo el 17,5 por ciento. O, dicho de otro modo, ahorró alrededor de 63,5 millones de pesos. En el organismo que defiende el patrimonio local explicaron que la reducción obedece a que los planteos parten de un valor elevado, pero que, a la hora de la discusión con los damnificados, las pretensiones bajan a cifras más reales y a la posibilidad de cobrar en un plazo breve. Además, aclararon que se llega a ese momento cuando es un hecho la responsabilidad estatal.
Este medio accedió a los números que surgieron de un relevamiento que realizó el área de Mediación (a cargo de Roxana Fernández y Lidia Reverendo) del organismo encargado de defender el patrimonio local, bajo la supervisión del fiscal de Estado Adjunto, Gastón Orzanco. Todo aquel que demanda al Estado, por ejemplo, por daños y perjuicios (un accidente de tránsito en el que está involucrada una movilidad oficial, una mala praxis médica) o por cualquier resolución que, en principio, afecta el interés de un particular o de una empresa, debe someterse a la etapa de mediación. La ley establece que es un paso previo y obligatorio antes de avanzar con el reclamo en el Juzgado Contencioso Administrativo. Y se trata ni más ni menos de un encuentro entre las partes en el Centro de Mediación del Poder Judicial, en el que cada uno expone sus argumentos y si hay chances de negociar, se acercan posiciones y se llegan a los acuerdos.
Los funcionarios señalaron que los convenios en mediación han ido creciendo a medida que se ha tomado conocimiento del mecanismo y sus beneficios. Así, en 2016 se trataron 181 causas en esa instancia y se dio acuerdos en ocho (4,4 por ciento). En 2017 hubo 163 expedientes y se llegaron a 12 convenios (7,3 por ciento). En 2018, las negociaciones llegaron a buen puerto en 14 casos de 133 (10,5 por ciento) y en este año, hasta agosto, hubo arreglos en 18 de 101 demandas (17,8 por ciento). Los números además reflejan que han ido disminuyendo las causas en litigio contra el Estado.
En el transcurso de los cuatro años y en los expedientes en los que hubo acuerdos, el total demandado contra la provincia era originalmente de 76.949.344 pesos, pero como se firmaron convenios, se terminó desembolsando 13.459.521 pesos (ver infografía).
El resto de las causas en las que las partes no se pusieron de acuerdo, continúan en la fase estrictamente judicial, ya que los abogados estatales consideraron que el Estado no es responsable o evaluaron que el demandante pide cifras elevadas, por lo que es la Justicia la que debe resolver el pleito.
Orzanco resaltó la tarea del personal de Fiscalía para cuidar las arcas oficiales mientras que Fernández, la titular del área de Mediación, remarcó el crecimiento que se viene dando en los acuerdos tras las demandas que realizan los particulares.
Crecimiento
17,8
Es el porcentaje de causas en las que se llegó a acuerdo en la instancia de mediación. Es el resultado de 2019 (a agosto) de un total de 101 demandas. Es el más elevado de los últimos cuatro años.
Conciliación
Si en mediación previa obligatoria no hay acuerdo, la demanda sigue su curso judicial. No obstante, la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, mantiene abierta la puerta de las negociaciones entre las partes. En la fase judicial, el convenio, en el caso que se dé, se denomina conciliación. Puede celebrarse antes de que la magistrada entre a resolver la demanda.