La figura del Procurador Penitenciario, un funcionario del Poder Ejecutivo que debe proteger los derechos humanos de los presos, volvió a entrar en funcionamiento. Luis Salcedo Garay regresó al cargo, luego de que fuera desplazado en 2000, durante el gobierno provincial de la Alianza. El dirigente peronista había recurrido a la Justicia para que le devolvieran el puesto y luego de conseguirlo, no lo ocupó porque fue designado para cumplir otras tareas en la gestión giojista. Con la llegada al poder de Sergio Uñac, desde fines de junio ocupa el lugar en el que se había desempeñado por unos meses.

El puesto tiene una remuneración de unos 23 mil pesos y su responsabilidad no es para nada menor, ya que debe velar por que se respeten el resto de los derechos que no pierden los internos del Penal de Chimbas por estar encerrados. Entre otras tareas, debe estar en contacto con los procesados y condenados para investigar los reclamos que formulen, radicar denuncias ante apremios ilegales, hacer de mediador ante posibles conflictos con las autoridades penitenciarias y juzgados de los que dependan y bregar por las condiciones de higiene, alimentación y salud. Los presos con sentencia firme ya contaban con la protección de sus derechos a través del Juzgado de Ejecución Penal, al mando de Margarita Camus. La magistrada resaltó que el Procurador es una figura “de mucha utilidad” y que pueden complementarse. Como ejemplo puso el caso de un reo que reciba una discutible sanción disciplinaria que le cueste sus salidas transitorias. Si el interno no apela, ella no puede actuar de oficio, pero el Procurador puede asesorarlo de que a través de su abogado tiene la chance de pelear esa decisión administrativa y no perder el beneficio. Salcedo Garay remarcó que se pondrá en contacto con Camus para coordinar acciones y que ya habló con el actual titular del Penal, Oscar Ghilardi, a quien le solicitó una oficina y 2 empleados para empezar a trabajar en el lugar.

El cargo fue creado en 1999 por el gobernador Jorge Escobar. Salcedo Garay comenzó a cumplir sus funciones desde septiembre de ese año hasta febrero de 2000, pero la administración de Alfredo Avelín lo removió bajo el argumento de que no había cumplido con los 6 meses de antigüedad que requiere todo empleado público para permanecer en el puesto. Ante la decisión, presentó una demanda por daños y perjuicios a la Justicia Civil porque sostuvo que dicho régimen no era aplicable y porque, de todas formas, había cumplido poco más de medio año en el desempeño de su cargo. Consiguió sentencia favorable en primera instancia, la Provincia apeló y volvió a tener el OK en 2007. Según explicó, acordó con el abogado de Fiscalía de Estado renunciar a los salarios que no cobró por 7 años y a cambio logró su restitución. De todas formas, en el giojismo fue nombrado en otras áreas (ver Perfil) y el cargo siguió vacío hasta que el Ministerio de Gobierno actual, de quien depende, decidió ponerlo nuevamente en esa función.