San Juan, 9 de diciembre.- El paro que desde fines de la semana pasada llevan adelante los trabajadores del Correo Argentino en la provincia y gran parte del país se mantendrá al menos hasta el miércoles 11, donde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) espera llegar a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo nacional donde ha sido convocada para una nueva audiencia. El pasado viernes se llevó a cabo la última reunión, pero fracasó la negociación y se fijó un cuarto intermedio hasta pasado mañana.

Los trabajadores del Correo Argentino protagonizan una medida de fuerza que impide la atención y entrega de correspondencia. La medida afecta a gran parte del país, incluido San Juan.

Según trascendió oficialmente, el sindicato que nuclea a los trabajadores del Correo Argentino, protagoniza desde el viernes último una medida de fuerza por tiempo indeterminado "en reclamo por el incremento de las horas establecidas como extensión de jornada o también llamadas horas extras".

El conflicto abarca a unos 6.500 trabajadores y desde FOECYT se explicó que el reclamo se desarrolla a raíz del "congelamiento del monto de 4,30 pesos que abona la empresa por las horas de trabajo establecidas como extensión de jornada". En el gremio, denuncian que el valor está congelado desde hace 6 años, además de que los trabajadores recibieron importantes descuentos en sus salarios por las protestas.

Un trabajador del Correo percibe aproximadamente siete mil pesos por mes por 6 horas diarias y un adicional de 8,60 por día de horas extras, lo que implica un adicional mensual de aproximadamente 220 pesos: concretamente los trabajadores piden cobrar al menos 700 pesos por esa carga horaria, o volver a la jornada de 36 horas.

El reclamo liderado por el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector tiene como principal pedido el pago de esas horas extras y a esto, se sumó que el 21 de octubre pasado al no obtener respuestas a sus reclamos decidieron hacer jornada de 36 horas. Pero al percibir sus salarios sufrieron descuentos de 2.500 pesos cada uno y cartas documentos intimándolos a volver a sus puestos de trabajo.