La casa de Alberto Rivas, un testigo clave del megajuicio de lesa humanidad para incriminar a 3 de los acusados, recibió al menos 8 balazos de un desconocido en la noche del miércoles. Y desde entonces, nadie lo contactó para incluirlo en el Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación, que es para estos casos. Frente a esta situación, ayer pidió “más seguridad”, porque teme por su vida. Hasta ahora, sólo tiene una custodia de la Policía Federal.
El dirigente Eloy Camus, otra víctima de la causa, dijo que desde la oficina de coordinación del programa, en Mendoza, se comunicaron con él para decirle que recién mañana tomarán contacto con Rivas para incluirlo en el programa. Se trata de un plan (ver aparte) que incluye medidas tales como el cambio de domicilio, alojamiento temporario o hasta el cambio de identidad que se aplica, entre otros, para quienes colaboran con causas de lesa humanidad, como es su caso.
“Tengo miedo de que me vaya a pasar algo. De casualidad que no me mataron, pero acá no estoy seguro”, dijo el hombre.
Cuando todavía no se acallaban los festejos por el triunfo argentino en el Mundial de Brasil, a las 20,15 del miércoles, un automóvil gris se estacionó en la puerta de la casa de Rivas, que vive en una zona poco habitada de Chimbas. Del vehículo, según vieron los vecinos, descendió una persona que, luego de saltar una verja de poca altura, efectuó al menos 8 disparos contra el frente de la vivienda. Incluso 2 de los tiros ingresaron por la puerta del comedor e impactaron uno en la cocina y otro en una garrafa de gas, que de milagro no explotó. El hombre estaba en el fondo de la propiedad, regando las plantas, pero alcanzó a escuchar que le gritaron “¿te gusta declarar contra los militares?, ya tenemos dos en libertad” y escapó.
Su testimonio fue clave durante el megajuicio por delitos cometidos en la provincia, porque después de 36 años se animó a declarar lo que vio en la cárcel de Chimbas cuando era un preso común. Fue que tras una sesión de tortura llevaron muerto a su celda al dirigente comunista Alberto Carvajal y quisieron simular que se había suicidado, colgándolo con su pullover de las rejas de su calabozo. Su relato fue de fundamental importancia para condenar a Jorge Olivera, Gustavo De Marchi y Osvaldo Martel, los dos primeros prófugos de la Justicia desde el 25 julio del año pasado, cuando escaparon del Hospital Militar Central, en Palermo.
Rivas es un empleado público de 64 años, que trabaja en la Legislatura provincial, pero que para la época del golpe militar de 1976 estaba cumpliendo una condena en el Penal de Chimbas por delitos comunes. Desde el calabozo en el que se encontraba, frente al de Carvajal, vio cuando un grupo de militares trajo ya muerto al dirigente del PC, luego de una sesión de torturas, y colgaron su cuerpo en su celda para simular que se había ahorcado. Su familia nunca creyó que hubiera sido suicidio, porque incluso la autopsia demostró que lo habían golpeado fuertemente y hasta lo habían picaneado, pero no había ningún testigo directo de los Hechos. Eso fue hasta que apareció Rivas, quien se animó a contar lo que sucedió en la cárcel, en abril del 2012 en una audiencia del megajuicio.
Por el ataque, ya le tomó declaración la fiscal Federal Katia Troncoso, quien dispuso que haya custodia de la Policía Federal. Y también en la Justicia provincial, la jueza Correccional Carolina Parra inició otra causa por amenazas, que se calcula que se van a terminar unificando.
También el ministro de Gobierno de la provincia, Adrián Cuevas, dijo que se ha puesto a disposición de Rivas un número telefónico al que puede llamar en cualquier momento, si está en alguna situación de peligro, para que también intervengan fuerzas de la Policía de San Juan.
De todos modos, Rivas insistió con que esas medidas son insuficientes y que pretende mayor seguridad.