Como toda entidad con empleados a su cargo, el gremio Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) liquidó los sueldos del personal entre diciembre de 2016 y junio de 2017, pero no ingresó los respectivos aportes jubilatorios al Régimen Nacional de Seguridad Social, los cuales totalizaron 2,6 millones de pesos. Si bien el sindicato luego canceló la casi totalidad de los períodos y en uno se acogió a un plan de pago, lo hizo fuera del plazo establecido por la ley, pese a que contaba con los fondos para hacerlo en el momento que estipula la normativa, señalaron fuentes judiciales. Por ese motivo, el juez federal Leopoldo Rago Gallo consideró que hubo una maniobra para defraudar al fisco y le apuntó a la cúpula del gremio: la secretaria General, Graciela López, y el Adjunto, Luis Lucero. Ambos fueron procesados por la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, a quienes les trabó un embargo de 400 mil pesos, agregaron las fuentes.
La resolución es de fines de marzo, pero trascendió a fines de esta semana. La misma no está firme, ya que fue apelada por la defensa de los imputados, aclararon las fuentes, por lo que será revisada por la Cámara Federal de Mendoza, que puede confirmarla o rechazarla.
La causa involucra al gremio docente de mayor peso en la provincia, ya que tiene cerca de nueve mil afiliados. No sólo eso, ya que los que quedaron en la mira de la Justicia son sus máximas autoridades. Encima, Lucero va camino a consagrarse como el mandamás de UDAP, ya que en las elecciones del 9 de mayo no tendrá rivales internos. El actual número dos representa la continuidad del proyecto que inició Ana María López y siguió su hermana Graciela, hace ya 23 años.
Todo estalló el 16 de mayo pasado, cuando el área jurídica de la Dirección Regional San Juan de la AFIP realizó la denuncia luego de fiscalizar el cumplimiento del pago de los aportes jubilatorios en UDAP. En esa tarea de control, los sabuesos del organismo recaudador constataron que se retuvieron y no se ingresaron los aportes de siete meses. Según consta en la investigación, fueron 438.109 pesos en diciembre de 2016, 329.664 pesos en febrero, 314.019 pesos en marzo, 351.854 pesos en abril, 350.218 pesos en mayo, 528.598 pesos en junio y 365.052 pesos en julio de 2017. El total ascendió a la suma de 2.667.517 pesos.
El expediente llegó a manos del fiscal federal Francisco Maldonado, quien pidió que se abriera la investigación, cosa que efectuó Rago Gallo. En base a documentación del fisco, se comprobó que desde el gremio cancelaron seis meses, aunque lo hicieron después de los 10 días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso. En el caso del mes de abril, desde el sindicato accedieron a un plan de pago, el cual tiene cuotas canceladas y se encuentra vigente, pero que también fue suscripto vencido el lapso de 10 días que determina la ley 24.769.
La norma establece que para que se configure un delito, el importe de los aportes retenidos debe superar los 20 mil pesos, cosa que sucede en los siete períodos. Y si bien desde UDAP cancelaron la casi totalidad de los montos y en uno están en vías de hacerlo, la investigación comprobó que en el gremio había recursos suficientes para ingresar los aportes en tiempo y forma. Como no lo hicieron, el magistrado entendió que se configuró la maniobra para defraudar al organismo recaudador, destacaron las fuentes.
En sede judicial y públicamente
Descargo
Tanto López como Lucero se abstuvieron de declarar en la Justicia. Ante la consulta de los medios, la primera responsabilizó al Gobierno nacional por ir contra los sindicatos.