A raíz de un informe de la Contaduría General de la Provincia que revela que más de 25 empleados públicos reciben la Tarjeta Social, el Ministerio de Desarrollo Humano decidió investigar la situación. El titular de esa cartera ordenó abrir un sumario administrativo para determinar si hay algún beneficiario que esté cobrando sin que le corresponda, aunque los encargados del área se declararon sorprendidos porque dicen que tener un sueldo no es excluyente para recibir la ayuda. Si hay incompatibilidad, la sanción de mínima es la baja de la asistencia.
La Tarjeta Social es una ayuda de 250 pesos que sus beneficiarios deben gastar en alimentos exclusivamente. Las dudas acerca del padrón de beneficiarios surgieron a partir de un entrecruzamiento de datos que hizo la Contaduría en noviembre del año pasado, cuyos resultados mandó esta semana al Tribunal de Cuentas y a Desarrollo Humano. El mismo concluye que hay 27 trabajadores del Estado que cuenta con la asistencia y según advierte el organismo, esa situación es irregular porque debería ser sólo para personas que no cuentan con ningún tipo de ingreso formal.
El listado incluye a 15 contratados que trabajan en distintos municipios de la provincia y en cada caso, consigna el número de documento y cuánto es lo que perciben por mes. Además, aparecen 12 agentes afectados en su mayoría al Ministerio de Educación de la provincia y si bien no especifica en qué condición están, fuentes ligadas al caso aseguraron que son de planta permanente.
Según el informe, los últimos son los de mayor nivel salarial. El que menos cobra embolsa mensualmente algo más de 3.500 pesos y en el otro extremo hay una empleada que llega a los 10 mil pesos.
Las fuentes aseguraron que la Contaduría General de la Provincia alertó de la situación al entender que, como el resto de las ayudas sociales, es una asistencia para personas carenciadas, que no cuentan con ningún ingreso fijo y que no están en relación de dependencia. De ahí que envió el informe al organismo que controla la legalidad del gasto y a la cartera que tiene a su cargo la entrega de la Tarjeta Social, para que investiguen.
Molina aseguró ayer que dispuso iniciar una investigación interna, para que se revise caso uno de los casos que quedaron bajo la lupa. El objetivo: establecer si hay pícaros que obviaron intencionalmente datos para hacerse acreedores a los 250 pesos por mes o si existió algún error.
Sin embargo, en Desarrollo Humano señalan que el tema de los ingresos de los que solicitan la asistencia no es un parámetro excluyente para entregar la Tarjeta Social y no dan por sentado que existan anomalías como afirma la Contaduría General. Pasa que, según Molina y la Secretaria de Política Alimentaria, Mabel Morales, los criterios son más amplios, porque la ayuda es para todas aquellas familias o personas en situación de vulnerabilidad, indigencia o por razones patológicas.
La funcionaria contó, por ejemplo, que hay personas con ingresos mensuales que la reciben por ser enfermos oncológicos o tener HIV. Y también dijo que entre los beneficiarios se cuentan a algunos con trastornos alimentarios, como celíacos y diabéticos. Por eso, aseguró que hay que revisar en detalle cada caso.
Si eventualmente se detectan incompatibilidades, los responsables se quedarían de inmediato sin el beneficio. Pero al tratarse de agentes del Estado provincial o municipal, la sanción podría ser más dura todavía. Pueden ser sometidos a un proceso para que devuelvan la plata que han venido cobrando indebidamente.