Las anomalías detectadas en los juicios de expropiaciones que determinaron la cesantía del abogado Norberto Baistrocchi, podrían ser la punta de un iceberg. El fiscal de Estado, Mario Díaz, dijo el jueves que habría que analizar el accionar de los jueces Civiles que intervinieron en esos procesos y ahora, le apuntó también a causas que se tramitaron en el juzgado de Jáchal. Dijo que en posesiones veinteañales por terrenos en Cuesta del Viento "aparentemente existieron irregularidades y las estamos analizando". El funcionario no quiso dar más detalles, pero fuentes calificadas aseguraron que hubo manejos poco claros en las notificaciones y que Baistrocchi, sin estar autorizado, intervino en nombre de la provincia a instancias del juez Carlos Mateo, con jurisdicción en el departamento iglesiano.

Díaz redobló ayer la apuesta y en el ojo de la tormenta quedó otra vez Baistrocchi, el abogado de Fiscalía de Estado que echó el gobernador José Luis Gioja por haber sido "negligente" en la tramitación de juicios de expropiaciones que le significaron a la provincia el pago de sumas de dinero "desmedidas". Pero también quedó bajo la lupa el juez jachallero.

El fiscal de Estado dijo que está estudiando las posesiones veinteañales que plantearon en Jáchal los poseedores de los terrenos que el Estado expropió en Iglesia para construir el dique Cuesta del Viento. Cauto, se limitó a decir que "aparentemente existieron irregularidades".

La posesión veinteañal es un proceso que inicia un particular para que la Justicia lo reconozca como dueño de un terreno que ocupa hace años. Ese fue el caso de decenas de personas que vivían en las tierras donde está hoy el dique. Cuando supieron que el Estado expropió para hacer la obra, se presentaron en el juzgado de Jáchal y empezaron el trámite para ser declarados propietarios y cobrar así el monto que debía pagar la provincia por la expropiación.

La provincia tenía especial interés en esos procesos, porque si la persona no obtiene el título de propiedad el Estado no tiene que pagar el valor del terreno sino una indemnización mucho menor por eventuales mejoras. El juzgado tenía que notificar al Fiscal de Estado para que él o el abogado que designe intervenga. Sin embargo, contaron las fuentes, se notificó a Baistrocchi, que no tenía el OK del organismo y que, coincidentemente, llevaba en la ciudad los juicios de expropiación de los mismos terrenos.

Las fuentes aseguraron que Mateo no corrigió la situación y que Baistrocchi intervino aún sin estar autorizado. Además, dijeron que extrañamente los juicios de expropiaciones en la ciudad no fueron notificados y estuvieron casi sin movimiento durante años, hasta que los poseedores se presentaron con la prescripción adquisitiva -posesión veinteañal- ya en marcha. Es decir, llegaron a tiempo como futuros acreedores de la provincia.

Así, el escándalo amaga con extenderse más. Después de la cesantía de Baistrocchi por no defender debidamente los intereses estatales, en Casa de Gobierno mostraron recelos por los jueces civiles Rosalba Marún y Carlos Macchi, que supuestamente dejaron pasar irregularidades procesales que no favorecieron a la provincia. Díaz habló de analizar la conducta de los magistrados, entre los que incluyó a Roberto Pagés, y no descartó promover un jury.

Dos de los tres jueces salieron ayer a cruzarlo (Ver Protagonistas); mientras que el gobernador José Luis Gioja habló de seguir investigando (Ver Gioja…). Fuentes del entorno del mandatario aseguraron que se reunirá con Díaz para estudiar el tema.