Hasta ahora, un profesional de la provincia que se matricula en su colegio para poder trabajar, como puede ser un abogado, un ingeniero o un psicólogo, es afiliado compulsivamente a la caja previsional del sector, a la que debe realizar los aportes respectivos para poder jubilarse. El problema es que hay quejas en algunas actividades porque los pagos son altos y los beneficios, por el contrario, no cubren las expectativas de los contribuyentes ya que en algunos casos ni siquiera tienen obra social. Frente a esta situación, a la Cámara de Diputados ingresó un proyecto para que la posibilidad de adherir a los distintos regímenes deje de ser obligatoria y pase a ser voluntaria. El temor es que el sistema vigente pueda desaparecer por falta de financiamiento.
Eduardo Castro, diputado del Bloque Juntos por San Juan, habla en su propuesta de garantizar “el derecho a la libertad de opción jubilatoria” para todos los profesionales, permitiéndoles elegir a qué sistema realizar sus aportes, si al de las cajas, que es el vigente, o al estatal.
En la actualidad funcionan seis cajas previsionales. Se trata de la Caja de Previsión para Profesionales Médicos, Odontólogos y Bioquímicos, la de los Profesionales en Ciencias Económicas, la de Profesionales de Ingeniería y Agrimensura, la de Profesionales en Ciencias Jurídicas, la Caja Interprofesional, que nuclea a farmacéuticos, psicólogos y kinesiólogos, entre otros, y la Caja Notarial Mutual.
En el sistema vigente, a cambio del pago de los aportes, los organismos deben otorgarles a sus asociados jubilaciones, pensiones, asistencia médica y préstamos reintegrables, entre los principales beneficios.
En el caso de los profesionales de las leyes, según datos del sector, de los 2.227 abogados que deberían aportar, sólo lo hacen 1.224, que abonan en promedio entre 800 a 900 pesos, mientras que las jubilaciones oscilan entre los 1.800 y los 2.800 pesos. En el sistema estatal la jubilación mínima es de 4.959 pesos.
Alfredo Mergó, presidente del Foro de Abogados, se quejó porque sostuvo que “la caja no da respuestas a los colegas y ni siquiera tenemos obra social”.
Como contrapartida, Ricardo Uliarte, del Consejo Profesional de Ingenieros, sostuvo que “el sistema no puede ser optativo porque va a fracasar. Lo que hay que hacer es garantizar un resguardo”.
En ese ámbito, hay unos 1.000 ingenieros que abonan entre 500 a 600 pesos mensuales, mientras que la jubilación que obtienen oscila entre los 1.500 a los 2.000 pesos.
En el Colegio de Arquitectos de San Juan, un grupo de esos profesionales expresó por nota su “descontento” porque mientras deben abonar como aporte mínimo 710 pesos mensuales, la jubilación mínima es de 2.935 pesos.
La propuesta legislativa comprende que en el caso de aquellos profesionales que opten por pasare al sistema público, la caja a la que venían perteneciendo hasta ahora se haga cargo de los aportes proporcionales en el beneficio jubilatorio.