El pasado martes, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la declaración indagatoria, el desafuero y la posterior detención del exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, en una causa que investiga un presunto millonario fraude en el yacimiento de Río Turbio.
De los legisladores sanjuaninos, Eduardo Cáceres, Florencia Peñaloza y Graciela Caselles adelantaron que una vez que ingrese al recinto la orden del juez, votarán a favor de quitarle la inmunidad de arresto al exfuncionario. En cambio, el sindicalista peronista Alberto Tovares manifestó que aún no tiene una decisión tomada. Por su parte, Gioja y Castro no se manifestaron aún respecto al tema.
DIARIO DE CUYO realizó un sondeo entre sus lectores y los resultados fueron contundentes. De 2342 votos, el 87% consideró que los diputados sanjuaninos deben votar para sacarles los fueros a De Video, mientras que el 13% restante opinó que deben protegerlo y votar en contra.
La causa
La causa contra el ex funcionario K fue iniciada hace poco más de 13 meses. En ella se lo acusa por presunto fraude contra el Estado mediante movimientos millonarios de fondos a favor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio(YCRT), una sociedad pública encargada de administrar la mina carbonífera del mismo nombre, en Santa Cruz . La pena para esa clase de delitos va de los dos a los seis años de prisión.
La demanda, que fue presentada en la Justicia Federal el 26 de mayo de 2016 fue acompañada de documentación y pruebas. Se puede sintetizar en pocas palabras: el proyecto carbonífero recibió fondos por más de $26.000 millones en la década que va desde 2005 a 2015, pero las instalaciones están en un estado evidente de abandono físico y la mina casi no había tenido actividad productiva, a tal punto que en el 2015 se extrajeron 48.000 toneladas de carbón, un volumen similar al que se producía en 1951, cuando la actividad se hacía con pico y pala, y el acarreo del mineral se realizaba en vagones impulsados por los propios trabajadores, es decir, muy lejos de la tecnología automatizada de la actualidad.
La auditoría que realizó el Estado detectó un mecanismo sospechoso de triangulación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Es por eso que el decano de la facultad regional Río Gallegos de esa casa de estudios, Martín Goicoechea, y el presidente de la fundación de esa dependencia, Hugo Sánchez, también están entre los demandados. La lista se completa con el ex secretario de Minería Jorge Mayoral, Roberto Baratta, coordinador del viejo Ministerio de Planificación, Atanacio Pérez Osuna, ex interventor de YCRT, y otros ex directivos de YCRT.