El ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, expuso ayer durante casi 4 horas en la Sala de Vicegobernadores de la Cámara de Diputados sobre el plan de seguridad de la provincia y dijo que el índice delictivo ha bajado durante el último tiempo, aunque no quiso dar la cifra. Los diputados de la oposición, quienes estaban molestos porque querían interpelar al funcionario en el recinto, realizaron varias preguntas, pero no expresaron críticas durante la explicación.
Cuevas, que asistió a una reunión ampliada de la Comisión de Justicia, que preside Marcela Monti, dijo que para elaborar las acciones que están desarrollando en la materia partió de una encuesta realizada entre octubre de 2012 y enero de 2013, sobre 5.000 casos en toda la provincia. Los interrogantes eran muy variados e incluían temas tales como delitos que había sufrido la gente, franjas horarias, si lo denunció o no y por qué y la imagen que tiene la población sobre la Policía y si recuperó el bien.
El informe arrojó como resultados que sólo el 42 % de la gente denuncia los ilícitos que padece, aunque dijo que la cifra es más alta que la de Chile, donde sólo el 38 % de la población expone cuando ha sido víctima de un hecho ilegal. También indicó que el 98 % de las personas que realizaron la denuncia no tuvieron inconveniente al formularla, como por ejemplo un pedido de coima en la misma Policía o en la Justicia. Para dar mayor cantidad de datos, DIARIO DE CUYO le pidió al ministro los números del sondeo, pero se negó a entregarlos.
Sobre una inquietud recurrente, como es el crecimiento de la cantidad de delitos, el ministro sostuvo que “no somos magos. No hay una receta para decir que se terminó con la delincuencia, trabajamos para mitigarla”.
Y ante la pregunta del diputado Edgardo Sancassani, quien le pidió que informara sobre el comportamiento del índice delictivo sostuvo que “hay un descenso, pero los números no se dicen porque a la gente la cifra no le importa cuando ha sido víctima de un ilícito”.
Acompañado por integrantes de su equipo, como el secretario de Gobierno, Juan Romero; el subsecretario de Inspección, Mauricio Solano; el jefe de Policía, Abel Hernández, y el titular del Penal, Oscar Ghilardi, el ministro aportó datos sobre avances en el área, como la compra de 1.500 armas, 1.000 chalecos antibala y de 480 vehículos, entre autos, motos y camionetas. También se encontraba presente el vicegobernador Sergio Uñac.
El ministro aclaró que todavía no se había podido poner en funcionamiento unas 200 cámaras de monitoreo porque el edificio que las controlará, ubicado en el Lateral de Circunvalación y España, todavía no está terminado y que se encuentra con un avance del 70 %.
El diputado colombista Juan Sansó le preguntó el porqué de la demora en poner en marcha la llamada ley de flagrancia, que apunta a acelerar el juzgamiento del autor de un ilícito sorprendido con las manos en la masa. Cuevas respondió que está demorada por la falta de personal en el Poder Judicial. “Hasta que no se solucione el tema no se podrá avanzar”, dijo.
La situación del Penal de Chimbas ocupó parte de la charla. Mencionó el alto crecimiento poblacional ya que de unos 700 internos que había años atrás ahora hay 1.276, de los cuales el 70 % son procesados y sólo el 30 % penados. También aclaró que ante algunas quejas de los detenidos el scanner funciona bien y que cuenta con la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación. Además, que hay restricciones, como que una persona no puede pasar más de 50 veces al año.
Una queja puntual del basualdista José Peluc fue que la noche del jueves había intentado utilizar el sistema del botón antipánico, pero que nadie había concurrido ante su pedido. El ministro lo atribuyó a posibles fallas del sistema.