Buenos Aires, 4 de diciembre.- La tropa oficialista en la Cámara de Diputados logró convertir en ley, con 130 votos a favor y 99 en contra, la reforma integral del Código Procesal Penal, tras una sesión maratónica donde no contó con apoyo de ningún bloque opositor.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo fue aprobado al cabo de más de diez horas de debate y constituye el segundo Código reformado de la era kirchnerista, junto con el Civil y Comercial unificado.
Como desde hace tiempo no sucedía, el oficialismo tambaleó con el quórum y debió retrasar casi diez minutos el inicio de la sesión especial, una de las últimas del año.
El Frente para la Victoria consiguió los 129 diputados luego de que Carlos Raimundi y Gastón Harispe llegaran tarde. Entre las ausencias figuraron las de Martín Insaurralde, Carlos “Cuto” Moreno, Dulce Granados y Sandra Mendoza.
La UCR, el Frente Renovador, el Pro y el resto de las bancadas opositoras repitieron argumentos y aseguraron que el Gobierno busca “impunidad” con el nuevo Código de procedimientos penales. Además hubo dos abstenciones, de Martín Lousteau y Carla Carrizo (Suma+Unen).
Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación, fue el blanco de las críticas por un supuesto manejo “discrecional” sobre los fiscales, luego de haber impulsado el jury contra José María Campagnoli por investigar al empresario Lázaro Báez, entre otros casos cuestionados.
Salvo el Frente de Izquierda, toda la oposición compartió el objetivo principal de reemplazar el actual sistema inquisitivo por uno acusatorio, pero no fue suficiente para que acompañaran al oficialismo en general.
Los dardos también apuntaron al Anexo II de la ley, que autoriza de manera inmediata la designación de aproximadamente 1.700 cargos sin concurso previo en el Ministerio Público.
Pero sin mayores sobresaltos, el oficialismo centró su defensa en las bondades de la flamante ley, que permitirá mayor celeridad, oralidad y simpleza de los trámites judiciales.
El debate
Como miembro informante del oficialismo, Graciela Giannettasio aseguró que el actual sistema “no cumple eficazmente sus funciones”, “se encuentra colapsado, no sirve al Estado ni al ciudadano, no favorece la persecución de los delitos ni el respeto por los derechos fundamentales”.
La presidenta de la Comisión de Justicia afirmó que el sistema inquisitivo impone el “peor proceso de revictimización: no saber nunca qué pasa con la investigación; no saber cuándo va a terminar el proceso; no participar de la investigación; no tener oralidad; que es vivir degradado y no tener justicia”.
En cambio, la diputada peronista afirmó que el nuevo paradigma pone a la víctima “en el centro de la escena; no la pone en distintos niveles, pone a cada uno con garantía”. Además destacó que “utiliza de manera rigurosa el esquema de libertad, garantía y la vigencia de los tratados internacionales”.
Pero Manuel Garrido (UCR) alertó que “lo único que se va a aplicar” una vez en que entre en vigencia la ley es “llamativamente un incremento sustancial de la planta del personal designado por el Poder Ejecutivo”.
“Ojalá que (el nuevo Código) no sea para otorgar mayor impunidad o aumentar cargos, y sea para mejorar la Justicia”, planteó Garrido, exfiscal anticorrupción.
Otro radical, Luis Petri, se refirió a la expulsión de extranjeros que son sorprendidos delinquiendo “in fraganti”. Indicó que desde 2009, la Dirección Nacional de Política Criminal no brinda información sobre este tema, y eso “hace que equivoquemos el diagnóstico”, ya que según el Servicio Penitenciario solo el 5 por ciento de las personas privadas de su libertad son extranjeros.
El precandidato presidencial Julio Cobos consideró que “necesitamos muchos cambios en forma simultánea para poder aplicar este Código”, entre los que mencionó una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público “que establezca cómo vamos a designar y controlar a los fiscales”, y la reforma del Código Penal, “viejo y desactualizado”.
El diputado Oscar “Cachi” Martínez defendió la propuesta alternativa del massismo al apuntar que “pone énfasis en las víctimas y no en los delincuentes” y además crea un cuerpo de abogados para asistir a las primeras y la figura del “investigador encubierto”.
También aseguró que el proyecto promocionado por su bloque “termina con la puerta giratoria”. “No puede ser que un motochorro aparece en la televisión, filmado cometiendo un delito, ya al otro día es una estrella televisiva”, protestó.
Fue Diana Conti quien la emprendió contra el dictamen del Frente Renovador: “No guarda coherencia el Código Procesal clasista que presentaron, y del que deben avergonzarse”, lanzó.
Además, la kirchnerista justificó la necesidad de nombrar mayor personal al informar que “aún con el Código actual, el plantel del Ministerio Público Fiscal es insuficiente a la hora de pedir que se aceleren los juicios de toda naturaleza”.
La macrista Patricia Bullrich formuló una arriesgada comparación y se preguntó: “¿Por qué quieren el Código con K?, ¿tienen miedo?, ¿o quieren hacer como (Reynaldo) Bignone en los últimos días de la dictadura, que quiso asegurarse la autoamnistía?”.
“Desde el oficialismo han codificado para dejar el contorno del país por generaciones, similar a lo que sucede hoy en la Rusia de (Vladimir) Putín, donde el modelo de la Unión Soviética se trasladó a una actual Democracia Soviética”, agregó.
Sobre las atribuciones “discrecionales” del procurador, Pablo Tonelli insistió en que “como cuarto poder, es el único que tiene una duración vitalicia en el cargo y es unipersonal”. “Esto no está de acuerdo con el espíritu de la Constitución”, aseveró.
Por el FAP, el socialista Juan Carlos Zabalza consideró “fundamental modificar los mecanismos y los criterios de selección para la incorporación de personal, que aseguren la transparencia y la independencia” del Ministerio Público.
Claudio Lozano (Unidad Popular) acusó al oficialismo de “convocar a un debate académico para meter una fuerza operativa que garantice impunidad”.
Lozano aseguró que esta maniobra “incluye convocar a un debate académico abstracto y sin vínculo con las condiciones en las que opera el Poder Judicial”. En tal sentido, denunció que la propuesta oficial “nada tiene que ver” con el problema de seguridad, como aseguró el Ejecutivo.