La ley provincial Nro 8418, que prohibe el funcionamiento de prostíbulos y cabarets en la provincia, todavía no se puede instrumentar porque el Ministerio de Gobierno, que es la autoridad de aplicación, no termina de elaborar la reglamentación de la norma. Fuentes de ese organismo informaron ayer que están redactando los últimos detalles, pero que no tienen fecha para su finalización. La iniciativa, que apunta a combatir la trata de personas, ingresó en julio del año pasado a la Cámara de Diputados y fue aprobada en la última sesión ordinaria en noviembre (ver Cronología).

El proyecto había sido anunciado por el propio gobernador José Luis Gioja en su mensaje al inicio del año legislativo y luego de algunas demoras ingresó a la Legislatura y pudo aprobarse a fin de año. En su punto principal, prohibe el funcionamiento en todo la provincia de whiskerías, cabarets, clubs nocturnos, boites, saunas o locales en los que se organicen o promocionen actos de prostitución u oferta sexual. Es una fuerte apuesta oficial para combatir el delito de trata de personas que azota al país, que está en sintonía con la línea que sigue la administración nacional que encabeza Cristina Fernández, que impulsó la modificación de la ley sobre el tema para profundizar los mecanismos tendientes a erradicar esa actividad ilegal. El disparador fue el sonado caso de Marita Verón, la joven tucumana que desapareció hace diez años y cuya madre, Susana Trimarco, se convirtió en un emblema de la batalla contra este delito. Incluso la mujer estuvo en agosto del año pasado en la provincia y recibió la distinción Honoris Causa que otorga la Universidad Nacional de San Juan.

Las fuentes del Ministerio de Gobierno consultadas señalaron que resta muy poco para terminar de redactar la reglamentación, un requisito indispensable para que se pueda aplicar la norma, pero que no podían precisar una fecha para cumplir con ese trámite.

La ley establece que los propietarios de los locales que no la cumplan y los clientes que sean sorprendidos en el interior deberán pagar una multa que va entre 3.000 y 10.000 pesos y serán arrestados en forma efectiva por un término de hasta 60 días.

Además, prevé que en los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la norma, se deberán resguardar los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria. Y cuando estas no puedan acreditar su identidad y domicilio, se les deberá brindar protección y contención, mientras se aclara su situación e intervienen las autoridades judiciales. Por eso también el Ministerio de Desarrollo Humano deberá actuar para el rescate y la asistencia de las víctimas de trata de personas, de prostitución o de cualquier otro tipo de sometimiento ilegal.

El interés oficial se acentuó luego de que en abril del año pasado la delegación local Policía Federal investigara y detuviera a integrantes de una organización que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres y que funcionaba en San Juan, Mendoza y San Luis.