Como se esperaba, ayer el juez federal Leopoldo Rago Gallo pidió que los diputados le quiten los fueros al legislador por Calingasta, Alfredo Amín, imputado en una investigación por compras fraudulentas en Gendarmería de Barreal. El caso no solamente tomó notoriedad por la denuncia, si no por el trasfondo político y lo inédito, ya que Amín es de las filas del oficialismo y es el único caso luego de la reforma constitucional de 1986. En la Cámara de Diputados calculaban que este pedido se aprobará el 19 de abril, y si eso ocurre, fuentes judiciales dijeron anoche que en el Juzgado Federal pretenden indagar al legislador inmediatamente eso ocurra, es decir, antes de que termine este mes.
La investigación federal se centra en unos 10 proveedores pequeños y grandes (ver aparte) por la sobrefacturación de mercadería que entregaron entre 2013 y 2014 al Escuadrón 26 Barreal de Gendarmería y al Centro de Formación Félix Manifior, lo que significó un perjuicio a las arcas nacionales por un total de 6 millones de pesos. Entre los comercios implicados se encuentra el Supermercado Don Pocholo Srl, cuyo cogerente es el diputado justicialista por Calingasta, Alfredo Amín, quien quedó imputado como uno de los presuntos responsables del fraude contra la administración pública.
Amín asumió como legislador en 2015 y por lo tanto, cuenta con fueros. Por eso, para ser interrogado debe perder ese privilegio. La Constitución provincial establece que “cuando se formule denuncia criminal por escrito contra un diputado, la Cámara recibirá el sumario enviado por el juez y, examinado en juicio público en la sesión próxima a la que se dio cuenta del hecho, puede con dos tercios de votos suspender en sus funciones al acusado, quedando este a disposición del juez competente para su juzgamiento”. De concretarse el planteo de desafuero, el proceso será inédito, ya que desde la reforma de la carta magna en la década del 80″, que plasmó el mecanismo contra los diputados, no hay antecedentes de ese tipo.
El presidente del bloque oficialista, Pablo García Nieto, explicó anoche que el pedido de desafuero será girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Si ese paso se cumple, esperan que la votación se produzca el 19 de abril, siempre y cuando ese día se celebre una sesión ordinaria, ya que la Constitución indica que debe tratarse en la sesión posterior inmediata luego de ingresado el pedido. Allí los legisladores aprobarán o rechazarán el pedido de la Justicia. Para suspenderlo hacen falta los votos positivos de los dos tercios de los diputados, por tanto es clave la opinión del propio oficialismo.
Según dijeron fuentes del Justicialismo cuando el caso estalló, tras una publicación de este medio, la idea siempre fue que si el juez presentaba el pedido de desafuero, el oficialismo aportaría los votos necesarios para no entorpecer el trabajo de la Justicia. Como Rago Gallo entendió que hay necesidad de indagar al legislador, debido a la prueba recolectada hasta el momento, anoche las mismas fuentes del peronismo sanjuanino confirmaron que no se opondrán al desafuero, tal y como marcaron cuando el caso se conoció.
Están en la mira, además de Don Pocholo, Julio Posleman, de Distribuidora Posleman; Oscar Pastén, de Supermercado El Ángel; Juan Carlos Tapia, de Panadería Los Andes; Carlos Samat, de Distribuidora Libertador; Alberto Sosa, de Primer Supermercado Barreal; Genaro Riquelme, de El Triángulo; junto a Pablo Riquelme y Adrián Uliarte, a cargo de otros comercios, a los que se suma el titular del negocio Jesús María Carnes, el cual no fue identificado.
Tras la publicación de este diario de la investigación, en una conferencia de prensa el 8 de marzo, el diputado negó todo y dijo que hubo un incremento en los precios porque “el Estado tardaba en pagar”. Entonces, por la demora les colocaban a los precios “un 40 a 50 por ciento de incremento”. Desde un comienzo aseguró que es inocente y que está dispuesto a demostrarlo en la Justicia.