El histórico recambio que se viene dando en el Poder Judicial sumará en el corto plazo un nuevo lote de cargos que son considerados fundamentales para el engranaje judicial. En los últimos años se jubiló más de una docena de funcionarios gracias a la vigencia del 82 por ciento móvil y, de acuerdo a lo que informaron en el palacio de Tribunales, entre este año y el que viene habrá, al menos, 15 vacantes más en ese escalafón. Los puestos que quedarán libres son muy apetecidos porque están muy bien rentados y suponen una cuota de poder importante, ya que pueden ser un trampolín para llegar a la magistratura y por las manos de sus titulares pasan todas las causas judiciales.
En la Justicia local hay en estos momentos 135 funcionarios trabajando, entre secretarios y prosecretarios de todas las instancias y profesionales de la salud. Ellos, al igual que los jueces y fiscales, también tienen la posibilidad de jubilarse con el 82 por ciento móvil que la Nación habilitó para el personal judicial de San Juan en el año 2009.
La diferencia con los magistrados es que los funcionarios no se pueden quedar en el cargo hasta que ellos quieran. Una norma los obliga a comenzar los trámites jubilatorios cuando cumplen los 60 años y alcanzan los 30 años de servicios con aportes, además de 10 años de permanencia en el mismo escalafón. Y si no lo hacen, la Corte de Justicia les puede dar de baja.
Así las cosas, desde que se habilitó al 82 por ciento hay en marcha una histórica renovación de funcionarios que va de la mano con la de jueces y fiscales (ver recuadro). Y, según los datos que barajan en la Justicia, entre el año en curso y 2015 deberán dar un paso al costado, por lo menos, otros 15 . Es decir, más del 10 por ciento del total.
Los datos oficiales dan cuenta de que ya tienen la jubilación en marcha y están próximos a irse Jorge De Oro (secretario de la Corte), Delia Quintar de Massara (secretaria de Cámara al frente del Centro de Mediación) y Eduardo Gallardo (secretario de primera instancia). Y que este año deben iniciar el expediente previsional Irma Roca (secretaria de Cámara), Oscar Cabrera (Secretario de Cámara), Raúl Mengual (secretario de primera instancia), María Muscarello de Riveros (secretaria de primera instancia), Liliana Jordán de Viviani (jefa de la Secretaría Social), Marta Quiroga Bustos (secretaria de primera instancia) y Héctor Del Giudice (médico psiquiatra). Este último se hizo muy conocido cuando quedó envuelto en una causa por hurto que terminó prescribiendo en la Corte de Justicia y si bien ya pasó largamente la edad mínima, en Tribunales explicaron que no tenía el periodo de servicio y de aportes.
El año que viene, hay varios más que cumplirán los requisitos. Ellos son Silvia Chiaramello, Ana Videla de Almirón (secretaria de primera instancia), Graciela Gambino de Cerrati, Alejandro Yesurón (médico forense) y Carlos Cañizares (subsecretario administrativo de la Corte).
Las futuras vacantes abren expectativas entre los abogados. Sucede que los cargos que quedarán libres implican muy buenos ingresos, sólo superados por los de jueces y fiscales. Para tener una idea, según detallaron fuentes judiciales, una secretario de la Corte de Justicia embolsa mensualmente 37 mil pesos netos, un secretario de Cámara percibe de bolsillo 28 mil pesos y uno de primera instancia está en los 23 mil pesos. Los que menos ganan son los prosecretarios y los secretarios de Paz letrado, con 20 mil y unos 17 mil pesos respectivamente.
A eso hay que agregarle que son cargos vitales para el aparato judicial. Los secretarios son los principales colaboradores de los jueces, por ellos pasan todas las causas, organizan el personal de cada organismo, elaboran los proyectos de sentencias judiciales y resoluciones y hacen las veces de fedatario, ya que son los que certifican la firma del juez en los fallos.
Las movidas previsionales abren la incógnita de cómo se cubrirán las vacantes. Los antecedentes muestran que las expectativas bien podrían quedar restringidas a un grupo reducido. La Corte de Justicia llamó a concurso en 2005 para los puestos de funcionarios, pero fue cerrado, únicamente para los profesionales que ya trabajan en Tribunales, y los litigantes ni siquiera tuvieron la oportunidad de medir fuerzas por los mismos. Para peor, desde entonces siempre lo hizo a dedo, como con el resto de las designaciones y los ascensos.
El recambio en el corto plazo podría ser más numeroso aún, debido a que actualmente hay funcionarios que cumplen con la edad y antigüedad en el escalafón y sólo les faltan años de aportes. En esos casos pueden pagar en un organismo que depende de la AFIP por los periodos que no aportaron y así, completar los requisitos que exige la ley para pasar al lote de los pasivos. Aunque, claro, depende de ellos mismos.