Las obras de cloacas suelen generar dolores de cabeza para los transeúntes, pero para una vecina del Barrio Natania VIII, en Chimbas, se transformó en una trampa en la que sufrió una caída que le produjo una fractura de su rodilla izquierda. Tras el hecho, la mujer entabló una demanda por daños y perjuicios contra el municipio y el frentista, el vecino que tenía en mal estado la vereda. El planteo se basó en que ambos tenían responsabilidad: la comuna por no haber controlado el estado de la vereda y el frentista por el deber de tenerla en condiciones. Luego de analizar la presentación, la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, falló a favor de la damnificada, por lo que condenó a la municipalidad y al vecino a pagar casi 580 mil pesos en partes iguales, más los intereses desde que ocurrió el hecho hasta su efectivo pago, lo que sucede cuando la sentencia quede firme. A la fecha, son unos 600 mil pesos extra, indicaron fuentes oficiales, por lo que el total de la indemnización asciende los 1.185.000 pesos. La resolución se encuentra dentro de los plazos para ser apelada y revisada por un tribunal superior.
El hecho ocurrió en 2019 y, en ese momento, la instalación de cloacas se estaba desarrollando en varios puntos del departamento. Según denunció la mujer, había salido de su domicilio, acompañada de su madre, y se dirigía a realizar compras domésticas. Al pasar por la casa vecina, tropezó accidentalmente en una zanja que se había formado producto del desnivel, por lo que cayó al piso golpeando su rodilla izquierda con uno de los pedazos de hormigón que se encontraban al costado. De acuerdo al expediente, el propietario de la casa había roto la vereda, al parecer, para realizar la conexión cloacal, pero sin señalización alguna sobre la zona de trabajo, sumado a que la calle también se encontraba en mal estado por las instalaciones principales. Así, no había ningún lugar para transitar con normalidad. En un centro de salud, a la joven le diagnosticaron fractura de rodilla.
Si bien el vecino y la municipalidad intentaron desligar responsabilidades, existieron dos elementos que fueron clave para la jueza: la presentación de un acta notarial donde dejó constancia "que la vereda se encuentra destruida en el sector de la entrada del garage" y el dictamen de un perito accidentológico, el que, si bien se realizó dos años más tarde, destacó que "el espacio se encuentra en mal estado con ripio y pedregullo y no existe el veredín de hormigón. No existe vereda. El paso de transeúnte está en mal estado". Así, Tettamanti sostuvo que el frentista tuvo una responsabilidad principal, pero no exclusiva, ya que el municipio incumplió por no haber ejercido su poder de policía de obligar al vecino a realizar la reparación. Incluso, se valió de antecedentes judiciales al manifestar que "no es posible pretender poner en cabeza de la víctima la obligación de extremar las precauciones cuando se supone que quien camina por una vereda lo hace por un lugar habilitado a tales efectos y, por ende, en condiciones aptas para ello".
Los daños y perjuicios pretendidos por la mujer superaban los dos millones de pesos, pero la jueza indicó que la suma correspondiente por el grado de incapacidad que le produjo la fractura debe ser unos 560 mil pesos, más 10 mil por daño moral y otros 10 mil por daño psicológico, esto es, unos 580 mil en total.
Demanda
Una joven de 35 años demandó a la comuna de Chimbas y a su vecino por los daños y perjuicios que le ocasionó la caída en la vereda y que le provocó una dura lesión en su rodilla izquierda.
Queja
La demanda fue contra el vecino por su responsabilidad como frentista. En cuanto al municipio, dijo que incurrió en una falta grave a su deber de cuidado y contralor del espacio público.
Perito médico
Un especialista determinó que la mujer sufrió una discapacidad del 25 por ciento tras la caída en la vereda. Ese valor se utilizó como parámetro para el cálculo de indemnización.
Chimbas, desligada
En octubre pasado, la empresa Energía San Juan fue condenado a pagar una millonaria suma debido a la muerte de Lautaro Bustos, un niño de 10 años que el 3 de noviembre de 2018 se bañaba con amigos en un canal en Chimbas y recibió una descarga fatal al sujetarse de un cable que colgaba y que resultó ser conductor de la red de baja tensión. La jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, estableció que la distribuidora de electricidad debe indemnizar a los padres del chico con la suma de 5.778.000 pesos, aunque fuentes judiciales indicaron que, al actualizar la suma, el total se acerca a los 13 millones de pesos. Tanto la comuna como la empresa se tiraron la responsabilidad. En la resolución, la jueza desestimó la responsabilidad de la Municipalidad de Chimbas, que también fue demandada por los padres del pequeño.