Luego de que Juan Pablo Ortega presentara su renuncia como funcionario, la Corte de Justicia debe decidir si se la acepta, aunque todo indica que así será. Una vez que suceda, zafará del sumario que le abrió el máximo tribunal luego de que Fiscalía le imputara ser parte de una asociación ilícita y el tráfico de influencias en el presunto armado o impulso de causas en contra y a favor de sospechosos en hechos delictivos. La investigación interna apuntaba a determinar si incurrió o no en faltas o irregularidades administrativas en el desempeño de sus tareas, lo que podía acarrearle algún tipo de sanción. No obstante, la causa penal sigue abierta. ¿Se descomprime su situación en esa instancia? Se verá a medida que avance el proceso judicial.
Ortega era uno de los coordinadores de la Asistencia Jurídica al Colegio de Jueces del sistema acusatorio, un lugar de mucho peso. Volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que este medio revelara una denuncia en su contra y el avance de la investigación de los fiscales Francisco Micheltorena y Adrián Riveros, de la Unidad Delitos Especiales. Ambos sostuvieron en la audiencia de Investigación Penal Preparatoria que el funcionario judicial renunciado habría movido los hilos para incriminar a un hombre denunciado por su expareja de abusar sexualmente de la hija menor de ambos. Para ello, a la mujer le recomendó a su abogada amiga Sandra Cozzi, a quien le armó los escritos judiciales que tenía que presentar en la Unidad Conclusiva de Causas, donde estaba radicado el expediente. En dicho organismo, trabajaba Belén Rodríguez, esposa de Ortega, y Claudia Elizondo, su amiga, a las que habría contactado y usado su influencia y poder para acelerar el caso contra el hombre. Pese a las presuntas maniobras, el denunciado consiguió la falta de mérito.
Así, la causa penal busca determinar si hubo delitos, mientras que el sumario apuntaba a establecer si cometió fallas castigables con sanciones administrativas. Con su renuncia, zafará de esta última investigación.