El viernes, al menos en materia de infraestructura, a San Juan le salió todo redondo. Además de la firma del histórico acuerdo por el túnel de Agua Negra, el Gobierno nacional dio a conocer que aprobó el financiamiento para hacer en la provincia 1.000 casas más para familias que actualmente viven en villas miseria. La noticia la recibió José Luis Gioja y se la dio en persona el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López. Así, al circuito local se volcarán cerca de 200 millones de pesos.
López llegó desde Capital junto a su superior, el ministro Julio De Vido, para participar del anuncio del túnel binacional. Después del acto compartieron un almuerzo en Casa de Gobierno con Gioja y planillas en mano, el titular de Obras Públicas aprovechó para comunicarle que ya está aprobado el financiamiento para las 1.000 viviendas que serán destinadas a personas que hoy viven en precarios asentamientos de caña y barro.
Desde que empezó a ejecutarse el plan de erradicación de villas, en el año 2005, la gestión giojista ha entregado algo más de 4.500 viviendas a los beneficiarios. El nuevo cupo, entonces, representa, nada menos, que casi un cuarto de todo lo que se ejecutó en los últimos 8 años. En dinero, a razón de un costo de 180 mil pesos por casa, según los datos de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, significa una inversión de 180 millones de pesos.
La noticia no sólo es importante por el dinero que se inyectará en San Juan o la cantidad de soluciones habitacionales, sino por la mano de obra que permitirá generar. En la UOCRA, el gremio de la construcción, calcularon que para levantar ese número de viviendas hacen falta entre 1.500 y 1.700 obreros.
La administración giojista seguirá este año con los operativos, aunque no quiere revelar detalles de cuáles serán las villas a erradicar ni en qué departamentos están. Por el contrario, prefiere mantener en secreto el nombre de los asentamientos hasta unos días antes, para evitar que los vecinos lleven parientes o que algunos vivos se instalen en el lugar a último momento para hacer creer que les corresponde una casa.
El plan cumplirá así su noveno año consecutivo. La estrategia consiste en demoler con máquinas topadoras los ranchos que hay en las villas y entregarles a los habitantes casas nuevas y antisísmicas. Las viviendas que se han adjudicado han sido, en su gran mayoría de 55 m2, con dos dormitorios, cocina comedor, baño y lavadero. Además, los barrios cuentan con todas las instalaciones sanitarias (incluida la red cloacal), eléctricas, red de agua y el servicio de alumbrado público.
A cambio, los beneficiarios tienen que hacer frente a una cuota muy baja que les cobra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Tema que siempre es motivo de preocupación del gobernador José Luis Gioja, que en cada operativo les pide a las familias que se mudan a sus nuevos hogares que no se atrasen en el pago, para que el organismo pueda reciclar el dinero en la construcción de más complejos habitacionales para la misma u otras operatorias.
Hasta ahora, se han llevado a cabo 79 erradicaciones en distintos departamentos (especialmente en los cinco que integran el Gran San Juan). Y el plan es continuar ahora con los distritos del interior de la provincia, según dijo hace poco el ministro de Infraestructura, José Strada. Al último que le tocó fue a San Martín, con la villa San Jorge (ver foto).
El programa de erradicación es ponderado como uno de los más importantes en materia social y de infraestructura por el Gobierno provincial, al punto que ha concentrado el grueso de la inversión pública que se aplicó a viviendas en lo que va de la era giojista. En el transcurso del año pasado, se montó una minuciosa logística que involucró a las áreas de Arquitectura, Obras Públicas, Hidráulica, Vialidad y el aporte del municipio beneficiado, para levantar 4 conglomerados precarios y reubicar a más de 200 familias, incluidos cerca de 1.000 niños. Antes de la San Jorge, se removieron tres asentamientos que tenían 30 años de existencia en el departamento 25 de Mayo.