Otra vez, los municipios sanjuaninos contarán con una ayuda económica del Gobierno central para poder recomponer los sueldos de sus empleados. El monto será esta vez de casi 190 millones de pesos y se repartirá de acuerdo a la cantidad de agentes de planta permanente y contratados de cada comuna. La asistencia saldrá por una ley de necesidad y urgencia que mañana o el martes ingresará a la Cámara de Diputados.
Aunque los fondos no son de afectación específica, la intención de la gestión giojista es que vayan a salarios. Para compensar los efectos de la inflación, el Ejecutivo cerró con sus trabajadores un aumento a aplicar desde este mes, después fue el turno del Poder Legislativo y de la Justicia y el único eslabón que falta para completar todo el espectro estatal es el de los municipales.
El Ejecutivo meterá mano a sus propios recursos y les girará a las comunas un total de 188,6 millones de pesos, lo que representa un 85,6 por ciento más que la cifra que les giró con el mismo objetivo el año pasado. La ayuda es en forma de subsidio, por lo que los intendentes no tendrán que devolver ni un solo peso.
Los jefes departamentales ya sabían que iban a contar con fondos frescos y ahora esperan saber qué porción de la torta les tocará. Recién ahí sabrán cuánto dinero tendrán que sacar de las cuentas municipales para atender el reclamo de todos los trabajadores.
Por ahora, desde el Ministerio de Hacienda no dejaron trascender el monto asignado a cada comuna. Antes, quieren informarles a los intendentes para evitar malos entendidos y evacuarles las dudas que puedan plantear.
La distribución del dinero siempre genera polémica, porque algunos intendentes la tildan de “injusta”. Este año no habrá cambios de criterio en relación a los anteriores. El Ejecutivo tomó en cuenta el sueldo de una categoría testigo de su propio escalafón, lo multiplicó por los empleados municipales de planta permanente y a cada comuna le dará el equivalente a los agentes que tenga en esa condición. Además, les entregará un adicional más pequeño para colaborar a la actualización de los haberes de contratados y becarios, que en muchos departamentos superan en número a los empleados efectivos.
El desagregado se conocerá públicamente entre mañana y pasado, cuando la administración giojista mande a Legislatura el instrumento legal que la habilita a desembolsar el dinero. Los diputados tienen 30 días para tratarlo en el recinto y si no lo hacen, quedará aprobado de hecho. No obstante, no habrá que esperar ese plazo de tiempo. La ley de necesidad y urgencia tomará vigencia apenas se firme y eso permitirá que los fondos sean transferidos esta misma semana, para que queden a disposición de los jefes comunales.
Las ayudas financieras con fines salariales a los municipios se han convertido en una constante desde que las variaciones de precios obligan a atender los reclamos de los gremios para que los trabajadores no sigan perdiendo poder de compra. Impotentes a la hora de recaudar y de generar sus propios recursos, los intendentes dicen que no cuentan con plata suficiente para recomponer la situación de sus trabajadores y dependen del oxigeno que les manden desde Libertador y Paula.
Entre el aumento a sus propios trabajadores (incluidos los contratados) y el subsidio que enviará a los departamentos, la movida salarial le terminará costando a la provincia 2.125 millones de pesos en el término de un año, es decir de marzo a febrero de 2016 (de no desaparecer la inflación, es casi un hecho que a esa altura ya se empezará a discutir un nuevo incremento). De marzo a diciembre implica una erogación 1.838 millones, lo que es equivalente al 9,4 por ciento del presupuesto trazado para este año por la administración de José Luis Gioja (ver cifras).
Los estatales que dependen del Ejecutivo embolsaron para 2015 un aumento del 32,5 por ciento. Los intendentes no están obligados a dar la misma suma pero, en años anteriores, muchos de ellos la replicaron para sus trabajadores, aunque con matices. En algunas comunas, los de planta permanente recibieron el mismo porcentaje y los contratados se llevaron algo menos.
Los delegados que responden a los gremios con representación en los municipios, UPCN y SUOEM, ya vienen en conversaciones con las autoridades comunales. Ahora, con la seguridad de cuál es la partida de dinero disponible, empezarán a discutir cifras concretas.
UPCN pide un piso de 32,5 por ciento y de ahí, negociar una cifra superior. “Ese porcentaje ya lo tienen porque la provincia les da la plata, los intendentes deben poner plata encima para que el aumento sea mayor”, reclamó Enrique Funes, el secretario gremial de la entidad que más afiliados estatales nuclea en toda la provincia. El SUOEM, por su parte, reclama una suba del 40 por ciento.