Luego de 60 años de vivir en ese lugar, la familia Miranda-García deberá devolver a la Escuela de Enología los 1.200 metros cuadrados ubicados en el cruce de calle Paula Albarracín de Sarmiento y Colombia, en Capital. Se trata del predio que quedó en medio de un conflicto, al punto que la familia tuvo un duro cruce con la institución educativa, ya que se fue extendiendo y construyó cuatro viviendas y cuatro negocios. La resolución fue de la Sala IV de la Cámara Civil, que confirmó el fallo de la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, quien le había hecho lugar al planteo de Fiscalía de Estado al entender que las personas habían reconocido, entre otros puntos, que ocupaban un inmueble de dominio público. Así, la provincia está en condiciones de recuperar los terrenos de la escuela, luego de casi dos años de trámites judiciales. De no mediar nuevas acciones, el desalojo podrá concretarse entre abril y mayo, indicaron fuentes calificadas.
Desde el ámbito judicial confirmaron la resolución de la sala IV Cámara Civil, integrada por los jueces Juan Jesús Romero, María Josefina Nacif y María Eugenia Varas. Si bien la familia Miranda-García puede acudir a la Corte de Justicia para que revise el fallo, las fuentes indicaron que ese paso no suspende la sentencia, a menos que el máximo tribunal diga lo contrario cuando, encima, admita analizar un eventual planteo. Por eso, es un hecho que deberá cumplirse lo definido por Tettamanti: que en 30 días las personas dejen el predio, plazo que empezará a correr cuando la jueza ejecute la sentencia tras el pedido de Fiscalía de Estado. Fue el organismo que conduce Jorge Alvo el que hizo una presentación clave, con el fin de que las personas dejen el terreno. Dicho planteo fue el que recibió el OK de la Justicia, en primera y segunda instancia.
Fiscalía de Estado había iniciado una acción de reivindicación, al indicar que los terrenos en la mira son de dominio público, por lo que no pueden estar en manos privadas. En la causa, comprobó que los 1.200 metros cuadrados donde está instalada la familia son de propiedad del Estado y, así, solicitó que se le restituya la posesión que había perdido. Incluso, la jueza Tettamanti acreditó que la provincia tiene el dominio del inmueble, pero, además, que quienes viven en ese lugar reconocieron que lo ocupan desde 1962. También dejó en claro que la autorización que obtuvo la familia para que se instale en ese predio no significó el otorgamiento del dominio del mismo y que el paso del tiempo no constituye derecho real alguno sobre el terreno, ya que, al ser un bien del dominio público, destinado a una institución educativa, no puede ser objeto de una posesión veinteañal.
Tal planteo había sido encarado por la familia. Uno de los miembros, Agustín Miranda, había explicado que su suegro, Cristóbal García, se había instalado en ese predio en la década del "60 porque llegó a un acuerdo con el director de la escuela. El trato consistió en que García podía instalarse a cambio de cultivar 12 hectáreas de parrales. El hombre ocupó el lugar, levantó un rancho de adobe y cultivó el predio para la escuela que, como forma de agradecimiento, le permitió que vendiera frutas y verduras. Con el paso del tiempo, forjó una familia y una de sus hijas se casó con Miranda. Según el expediente, el matrimonio levantó una casa, tres departamentos y tres galpones de diferentes tamaños en los que funcionan un taller metalúrgico, un lavadero, una gomería, más un puesto de comidas.