Luego del revés judicial ante la Corte de Justicia de San Juan, que le denegó al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) la posibilidad de ir con un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gremio tiene decidido ir en queja ante el máximo tribunal de Justicia. La disputa legal se enmarca en un viejo reclamo salarial que la organización tiene contra la Municipalidad de la Ciudad de San Juan que, según estimaciones realizadas en el 2013, rondaba en aquel momento en los 61 millones de pesos, casi un cuarto del presupuesto municipal de aquel entonces. Ahora, nadie se anima a arriesgar una cifra actualizada sobre el probable monto de la deuda.

Frente al argumento que ha venido esgrimiendo la comuna capitalina para evitar tener que afrontar ese pago, que afectaría sobremanera sus finanzas, según el cual el municipio está amparado por la ley de emergencia económica, el titular del sindicato municipal, Antonio D’Amico, dijo que la norma “no compete a la cuestión salarial de los empleados”. Con esa posición dijo que ya están preparando el recurso de queja para ir directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. E incluso, de no obtener respuesta favorable, adelantó que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La batalla judicial viene de larga data. Comenzó en 1995, cuando el SUOEM demandó a la Capital durante la gestión del bloquista Enrique Conti. En primera instancia, la jueza Elena de la Torre le dio la razón al gremio y la Sala III de la Cámara Civil falló en el mismo sentido, hasta que el expediente llegó a la Corte de Justicia. El máximo tribunal revocó el fallo y ordenó que se dictara uno nuevo. En agosto de 2013, la Sala Cuarta de la Cámara Civil hizo lugar a la apelación de la comuna, tras lo cual el gremio interpuso un recurso extraordinario de inconstitucionalidad y casación ante la Corte de Justicia. Ahora, con fecha del 9 de agosto, el cuerpo denegó el recurso, según dio a conocer Juan Pablo Guimaraes, abogado de la comuna capitalina.

El litigio comenzó en la gestión de otro intendente bloquista, Javier Caselles, ya fallecido, porque en 1995 se aprobó un Convenio Colectivo de Trabajo que establecía que el sueldo de los municipales se iban a ir actualizando en forma automática y en la misma proporción que el salario mínimo, vital y móvil o el haber del jefe comunal. Pero ninguna gestión pudo cumplir el acuerdo.