El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, heredó de su antecesora, Ana María López, tres demandas de los empleados de planta permanente que reclaman el pago de una deuda millonaria. En el marco de esos litigios, ayer asistió a una conciliación judicial con uno de los sectores y a la salida aseguró que tiene la voluntad de llegar a un acuerdo de pago a partir del año que viene y de manera gradual, siempre y cuando los trabajadores también hagan un sacrificio importante en cuanto al monto que reclaman. Si bien la cifra aún no ha sido definida con exactitud por ninguna de las partes, en el municipio calculan que sería 90 millones de pesos entre los 430 trabajadores, por lo que, en promedio, a cada uno le correspondería casi 211 mil pesos.

Las causas judiciales, que se encuentran en el Contencioso Administrativo, se originaron por la decisión de la exintendenta López de aumentar en un 27,10 por ciento los salarios de la planta política en mayo de 2012, sin contemplar a la planta permanente. En Rivadavia existe la ley de enganche, por lo que si un funcionario se sube el sueldo, automáticamente se debe aplicar el mismo porcentaje para los agentes estatales. La ex jefa comunal no lo hizo basándose en el argumento de que se trató de un “suplemento”, dado que en gestiones anteriores a la suya se habían dispuestos incrementos al personal superiores a los de los políticos, por lo que lo único que se hizo fue compensar esos desfasajes. La medida provocó la protesta de los empleados y derivó en que se suspendiera la suba, cosa que se dio hasta febrero de 2013, ya que desde esa fecha el plantel político la cobra.

Los reclamos judiciales de los trabajadores se concentraron a través de tres vías: un grupo está representado por los abogados del gremio UPCN, otro por los del sindicato SUOEM y el tercero por un profesional independiente. Todos buscan lo mismo: el pago de lo que no cobraron desde que se impuso el aumento de la planta política.

Las instancias de mediación entre la anterior gestión y los trabajadores fracasaron, por lo que se inició el juicio ya en el gobierno de Martín. Como paso previo, la jueza Adriana Tettamanti convocó ayer a una audiencia de conciliación entre el actual intendente y uno de los sectores. El 28 de julio la magistrada también había citado al mismo mecanismo al grupo que es representado por SUOEM. En definitiva, se pasó a un cuarto intermedio porque el jefe comunal explicó que pidió tiempo, ya que “este año no podemos elaborar una propuesta porque estamos hablando de un monto muy importante”. Como ejemplo, dijo que hoy un punto de aumento para los 430 municipales significan 80 mil pesos mensuales, y si se multiplican por los 27 de la suba que se otorgó, son 2.160.000 pesos por mes. Tanto en el municipio como los representantes de los empleados tienen que definir por cuántos meses se hizo efectivo el incremento y establecer cómo repercute en los básicos. De mínima, se implementó durante unos 42 meses, lo que representa una masa total de 90 millones de pesos. Si bien no quiso arriesgar una cifra, Martín señaló que el total “es impagable”. Por eso, indicó que si se llega a un acuerdo, “si hay concesiones de ambas partes”, se aplicará el año que viene, de manera paulatina y hasta 2019. Entre los trabajadores hay ánimo de llegar a un arreglo, sin que haya “regalos”, para no someterse a un juicio que puede demandar unos 10 años (Ver Protagonistas).