El juicio contra 8 ex concejales de Rivadavia, acusados de manejos irregulares con las ayudas sociales en el departamento, sufrió una nueva demora y aunque se calculaba que las audiencias iban a comenzar antes de fin de año, ahora las fuentes consultadas hablan de marzo del 2012.

Los ex concejales Carlos Reinoso, Nicolás Tejada, Juanita Guerrero, Lidia Zárate, José Páez, Isidro Díaz, Oscar Ruiz y Cristóbal Liuzzi fueron procesados en julio del 2003 sospechados de haber cometido manejos fraudulentos con las planillas de ayudas sociales que cada uno manejaba para repartir fondos a discreción. Y el pedido de elevación de la causa a juicio data de noviembre del 2005, pero todavía no hay fecha para el inicio del debate, dijeron las fuentes.

La razón es que la Sala Tercera de la Cámara Penal, integrada por los jueces Eugenio Barbera, Héctor Fili y Leopoldo Zaballa Pringles, tiene que primero llevar a juicio entre 3 y 4 causas en las que hay detenidos con prisión preventiva, y recién calculan que para marzo podrían comenzar las audiencias en la que se tratará la situación de los ex concejales, quienes esperan el juicio en libertad. Aún cuando fueran encontrados culpables, los delitos que se les imputan son excarcelables.

El caso salió a la luz por una investigación que inició el Tribunal de Cuentas y de un relevamiento que hizo DIARIO DE CUYO, que determinó que buena parte del dinero de las ayudas no llegó a los beneficiarios.

Para determinar, a valores actuales, el monto del perjuicio que se habría ocasionado a las arcas de la Municipalidad de Rivadavia durante la gestión de José Amadeo Soria, actual diputado departamental y quien viene de ganar la reelección en el cargo, la fiscal Alicia Esquivel ha solicitado que se confeccione una pericial contable, que todavía no se ha efectuado. Sería uno de los últimos trámites pendientes en este proceso en el que, incluso, el Tribunal de Cuentas de la provincia ya determinó que se produjo un daño a los fondos municipales.

Además de resolver los juicios pendientes, la Sala Tercera deberá prever un lugar especial para las audiencias por la cantidad de imputados, que son 8 y los testigos, que serán alrededor de 60.

Entre ellos estarán los funcionarios del Tribunal de Cuentas que participaron en la investigación, en la que incluso se llegaron a allanar las oficinas municipales. También declararán varios de los supuestos beneficiarios que figuraban en las listas de los concejales y que negaron haber recibido las supuestas ayudas. A algunos incluso se estima que les llegaron a falsificar las firmas y las cifras que les tenían que dar.